¿Recuerdan ese proyecto de almacén de gas frente a las costas de Tarragona llamado Castor? Sí, el mismo proyecto que en junio de 2015 Greenpeace denunciaba porque suponía indemnizar a la empresa ACS con 1.350 millones de euros, pero que en dinero público será, junto a la deuda que genera, un agujero de fondos públicos de más de 4.400 millones de euros.
Pues ahora nos enteramos que poco antes de las elecciones, en noviembre de 2015, el Gobierno ha autorizado aumentar ese importe en otros 295 millones, y que paguemos a ACS y sus socios. Y todo ello, envuelto en un ejercicio de opacidad y falta de transparencia tal que ha tenido que ser la prensa quien destape el escándalo.
Castor es uno de los ejemplos más escandalosos y recientes de despilfarro de dinero público. Una infraestructura inútil y que ha generado peligro público al ser causante de cientos de terremotos.
Y de nuevo comprobamos las consecuencias de apostar por un modelo energético caduco, costoso y que supone una lacra para el consumidor, pero que sin embargo, genera pingües beneficios para algunas empresas y sus amiguetes.
Desde Greenpeace lamentamos la política energética llevada a cabo por el ministro Soria estos últimos 4 años. Él fue quien empezó por cargarse el futuro que tenía España con las energías renovables, siguió con su empeño de llenar la geografía del país con pozos de fracking, ocupar nuestras costas con plataformas petrolíferas, darle permisos a viejas y peligrosas centrales nucleares… En fin un despropósito de tal calado, que habrá que ver si un nuevo Gobierno es capaz de enmendar.
Como quedó de manifiesto en la última cumbre del clima de París, si no queremos sobrepasar los 1,5ºC de subida media de la temperaturas globales, hay que dejar de lado los combustibles fósiles y cambiar el sistema energético actual hacia otro basado en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables. Los hidrocarburos no tienen futuro, y el coste de mantenerlos es inmensamente mayor que cambiar hacia un ¡sistema 100% renovable, ya!
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