Hoy estamos de celebración por la decisión del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha de declarar nulo el Plan de Ordenación Municipal de Villar de Cañas (Cuenca) en el que estaba previsto ubicar el cementerio nuclear (ATC).



En esta línea de felicidad, exigimos al Gobierno central que reconozca que el ATC es inviable y que no continúe con una huida hacia adelante imposible, a base de más recursos o declaraciones de interés general que no se sostendrían. Solicita que, por contra, cancele definitivamente el proyecto y ponga en marcha un proceso dialogado con toda la sociedad para buscar una solución al problema generado por los residuos nucleares, cuyo primer paso es fijar un calendario de cierre de las centrales nucleares que generan esos residuos.

La decisión del Gobierno castellano-manchego está plenamente justificada, pues permite frenar un proceso plagado de irregularidades. En la actualidad el CSN ya ha tramitado su informe para la autorización previa del emplazamiento del ATC y ha iniciado la licitación de la obra civil sin tener aún todos los preceptivos informes previos, lo que pone de manifiesto una situación irregular. Desde Greenpeace llevamos años trasladando nuestra profunda preocupación porque muchos de los informes técnicos de evaluación y notas informativas elaboradas por varias áreas de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear del CSN alertan con claridad sobre la mala calidad de los terrenos elegidos para albergar el ATC.

Los motivos para pedir la paralización del ATC de Villar de Cañas son claros:

  •     Los riesgos que implican estos transportes, por la radiación que emiten y especialmente por el peligro de accidente, que nunca puede descartarse.

  •     La disminución del valor de las propiedades inmobiliarias en las zonas por las que circularían ese tipo de materiales y el factor de ansiedad y estrés emocional que supone residir en las inmediaciones de esas rutas.

  •     El despilfarro económico que supondría el proyecto: 1.000 millones de euros, que asumiría Enresa (es decir, toda la ciudadanía), frente a los 20 millones que cuesta aproximadamente cada almacén individualizado creado en cada la central.

  •     Que se puede renegociar, una vez más, la fianza con Francia respecto a los residuos nucleares que están alojados en La Hague.

  •     Que se puede encarar un plan de gestión de residuos radiactivos y desmantelamiento nuclear seguro y democrático.