El jueves 22 de septiembre se publicó que el Ministerio de Industria había decidido alargar la vida operativa de la central nuclear de Ascó (Tarragona) por otros 10 años (su permiso de explotación vence el 1 de octubre). Sorprende que la noticia fuera dada a conocer por el Foro Nuclear y la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós (ANAV, el titular de la central nuclear) y no por el propio Gobierno (de hecho aún no se ha publicado en el BOE), lo que demuestra una vez más la estrecha connivencia entre el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el lobby nuclear.

Uno de los aspectos más lamentables de este asunto es que el ministro Sebastián haya mentido en el Congreso de los Diputados y justificase su decisión de dar una prórroga de funcionamiento a la central de Ascó en que ésta había superado las pruebas de resistencia post Fukushima. Eso es categóricamente falso. Por un lado, estas pruebas, también denominadas como “stress tests”, no han sido terminadas (el informe definitivo del Consejo de Seguridad Nuclear, CSN, tiene que emitirse antes de final de diciembre) y, por otro lado, la central nuclear de Ascó ni siquiera cumple con la mayor parte de los requisitos exigidos como se puede comprobar en el Informe Preliminar sobre los stress tests que el CSN hizo público el pasado 15 de septiembre.

Aunque sus numerosos problemas de seguridad y la pésima Cultura de Seguridad de ANAV (recordemos el escape radiactivo de Ascó-1 en 2007, provocado por la violación consciente de la normativa de seguridad, y que fue ocultado deliberadamente por ANAV durante meses hasta que en 2008 Greenpeace lo denunció, gracias a un chivatazo de unos trabajadores) son motivos suficientes para haber decidido el cierre definitivo de esta central, desde el punto de vista técnico lo lógico hubiera sido que, al menos, el Ministerio paralizase provisionalmente esa central hasta que se terminen los stress test.
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La decisión del Ministerio de Industria de autorizar esta prórroga a Ascó refleja la visión miope de la política energética del Ejecutivo, además de suponer un nuevo incumplimiento del programa electoral del PSOE, que había prometido poner en marcha un calendario de cierre de las centrales nucleares.

En este sentido, cabe recordar que la reciente sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 14 de julio relativa al cierre de la central nuclear de Garoña, determina que un Gobierno puede cerrar una central nuclear cuando así lo considere, de forma justificada (p.ej. por cuestiones de política energética) y sin que tenga que indemnizar por ello.

Pero la podredumbre viene de antes. El pasado 29 de julio, el CSN anunció que había aprobado un informe favorable a la solicitud de renovación de las dos unidades de la central nuclear de Ascó por un periodo de diez años. Este informe del CSN no es vinculante para el Gobierno.

En primer lugar llama la atención que el CSN tomase esa decisión cuando la central de Ascó está siendo sometida, por el propio CSN, a los “stress tests”, que están sin terminar. Una decisión sospechosamente precipitada.

Pero eso no es todo. El CSN no ha hecho respetar ni sus propias exigencias. Así, la central nuclear de Ascó incumple de forma clara (como se ha podido comprobar con los numerosos sucesos notificables de seguridad sufridos por la central desde 2008), el Plan de Refuerzo Organizativo, Cultural y Técnico (PROCURA) que el CSN le impuso a consecuencia del escándalo que supuso el mencionado escape radiactivo. Entonces, el CSN aseguró que ANAV cambiaría de forma radical su pésima Cultura de Seguridad. Han pasado tres años y vemos que todo sigue igual: la irresponsabilidad de ANAV y también la complacencia del CSN, que se ha limitado a hacer la vista gorda de este grave incumplimiento y lo incluye como un mero condicionado más en su informe favorable. El CSN le quiere regalar a Ascó otros dos años más para que implante el PROCURA. Dada la trayectoria conocida de ANAV, mucho dudamos de que eso se cumpla.

Carlos Bravo (@CapitanFoton), responsable de la campaña Anti-nuclear de Greenpeace

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