Ayer por la mañana el Parlamento Europeo ha dejado claro que los órganos competentes europeos no pueden seguir concediendo permisos de perforación como antes de la catástrofe de la Deepwater Horizon, y que es urgente adecuar y hacer más restrictiva la regulación comunitaria en materia de perforación en alta mar.
El Parlamento Europeo en Pleno ha adoptado ayer una resolución sobre un plan de acción de la UE para reducir los riesgos de la exploración y extracción de petróleo en Europa. Lamentablemente los Diputados al Parlamento europeo han borrado la palabra moratoria del texto original pero han dejado claro que la regulación de la UE de perforación en el mar necesita urgentemente un buena apretadita.
¿En qué sentido? Esto incluiría una revisión de la Directiva sobre responsabilidad ambiental y la Directiva Seveso II, así como cualquier nueva legislación necesaria para tener en cuenta todos los riesgos de la explotación en alta mar y reforzar las normas que rigen la responsabilidad en caso de accidente.
Parece poco pero este es un claro mandato para el Comisario de Energía Oettinger para llegar a nuevas propuestas de legislación para prevenir futuros accidentes, y para que refuerce las disposiciones de responsabilidad en caso de que suceda un accidente. El mismo Comisario parece que se muere de ganas de hacerlo, después de haberse decantado públicamente por una moratoria europea el pasado verano, ya que la semana que viene ya publicará una comunicación de la Comisión europea al respecto.
Hasta la fecha, las administraciones europeas tienen muy poco control sobre la producción de petróleo en alta mar en Europa para evitar que sucedan catástrofes como la de la Deepwater Horizon. En el marco legal actual, los productores de petróleo en alta mar ni siquiera pagarían la cuenta de posibles vertidos. A menos que la UE fortalezca las regulaciones que rigen la responsabilidad de las empresas petroleras en alta mar, serán los gobiernos nacionales los que deberán asumir los costes colosales que se generarían en caso de accidente.
En España, Repsol ya ha solicitado al Gobierno la autorización de explotación de dos nuevos pozos en aguas profundas cerca del Parque Natural Delta del Ebro, frente a la costa de Tarragona. Autorización que todavía está pendiente de ser concedida y contra la cual Greenpeace ha presentado alegaciones.
Debería ser precisamente el Gobierno español el más interesado en detener cualquier nueva perforación hasta que se pongan en marcha nuevas normas europeas que aseguren responsabilidad total de las empresas en caso de accidente en una explotación en alta mar. De lo contrario, estaría hipotecando no sólo el medio ambiente y la pesca españolas, sino también sus propios presupuestos.
Evidentemente, la única forma de ahorrarse todo este dinero y todos estos desastres es la prohibición total de nuevas perforaciones en aguas profundas en aguas de la UE y de medidas creíbles para reducir drásticamente el consumo de petróleo con el fin de eliminar la necesidad de importaciones de petróleo de aguas profundas en el futuro.
Sara Pizzinato, responsable de la campaña de Transporte de Greenpeace
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