La semana pasada, la Comisión Europea dio un tímido giro en su errática política sobre los mal llamados biocarburantes, rebajando hasta el 5% el objetivo para 2020 de incorporación de estos carburantes, cuando su origen sean los cultivos alimentarios.

La Comisión se ha visto obligada a reconocer que la demanda internacional de agrocarburantes tiene un impacto significativo en la disponibilidad mundial de alimentos y es en parte responsable de las subidas de precios de materias primas básicas para la seguridad alimentaria de muchas regiones del planeta. Junto con la Unión Europea, países como China, US,  India o Brasil habían también establecido objetivos de incrementar el uso de agrocarburantes. Esto ha generado una gran demanda adicional de cereales, granos, azúcar y semillas oleaginosas, exacerbando aún más los recientes aumentos de precios de los alimentos, afectados también por los efectos de la sequía del pasado verano en Estados Unidos.  Actualmente, alrededor del 40% de la producción de maíz de este país se dedica a la producción de agrocarburantes.

En un reciente informe, la organización internacional OXFAM llegó a la conclusión de que la demanda de agrocarburantes ha llevado a millones de personas a la pobreza como resultado del alza de los precios de los alimentos.

Según un estudio encargado por la CE, en el año 2008, cuando los agrocarburantes representaron el 3,5% del combustible utilizado en el sector transporte dentro de la UE, se estimaba que se necesitaban 70.000 km ² de tierras agrícolas para producir cultivos destinados a este carburante, y cerca de la mitad de esa superficie se encontraba fuera de Europa. Si esta cantidad de tierra se hubiera utilizado para producir trigo y maíz, podría haber alimentado a 127 millones de personas durante todo un año.

Estos dos argumentos, el aumento del precio de los alimentos y la reducción de su disponibilidad a nivel mundial, deberían ser razones suficientes para suspender los objetivos actuales de utilización de agrocarburantes en Europa. Pero aún hay más, la expansión de la producción de agrocarburantes también tiene severos impactos sobre el clima, ya que a menudo la producción de estas materias primas se hace a costa de la destrucción de ecosistemas amenazados o con el uso abusivo de fertilizantes y pesticidas. Es decir, más emisión de gases de efecto invernadero.

Por este motivo, para Greenpeace la propuesta de la UE se ha quedado corta. Es fundamental un importante replanteamiento de la política actual de biocombustibles si queremos evitar agravar en lugar de arreglar el problema. Un ejemplo:  ahora que el Ministro Soria ha dejado sin efecto la orden aprobada en abril para asignar cuotas de biodiésel a los productores europeos, medida que limitaba la importación de aceite de soja argentina, el mercado español se va a inundar de nuevo de  aceite procedente de la expansión de la soja transgénica a costa de los bosques argentinos. Más deforestación y más agroquímicos para la población argentina mientras aquí hacemos negocios “eco”.

En los últimos años, desde Greenpeace hemos demandado a empresas y asociaciones, léase APPA Biocarburantes, que dejen de utilizar el buen nombre de las energías renovables para intentar sacar tajada con agrocarburantes elaborados con aceite de palma procedentes de empresas de Indonesia implicadas en la la destrucción de los bosques tropicales del Sureste Asiático. ¿Qué ha hecho o dicho el sector español de los “biocarburantes” para evitar esta situación? Poco, por no decir nada.

Algo está haciendo mal el sector de los agrocarburantes. Hoy se inaugura en Valladolid la feria del sector, Expobioenergía, excelente oportunidad para que se reciclen y entiendan mejor el concepto del término renovable.

Miguel Ángel Soto @NanquiSoto, responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace
Imágenes © Ulet Ifansasti / Greenpeace