Una vez más, Greenpeace ha tenido que acudir a los tribunales para seguir demandando a las administraciones que hagan su trabajo y protejan la costa española. Una vez más, en el caso de El Algarrobico la pasividad y la dejación de funciones sobrepasan todos los límites.
El pasado mes de febrero de 2009, cubrimos con una gran lona la fachada del bloque de hormigón que sigue en pié a 14 metros de la ribera del mar y en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Cubrimos el hotel ilegal porque el Ministerio de Medio Ambiente había decidido paralizar el proceso de expropiación de los terrenos públicos donde permitieron construir el hotel en 2003. No sólo el Ministerio ha paralizado el proceso administrativo para recuperar una playa que no es de Azata del Sol ni del Ayuntamiento de Carboneras sino que, además, ni siquiera contestó al Recurso de Alzada que interpusimos contra esta decisión en junio de 2009. Sólo se dignaron a contestarnos en diciembre de 2009.
La expropiación de los terrenos (que por ser naturales, por ser una playa en este caso) es un acto administrativo que junto con el reconocimiento de la utilidad pública de los terrenos tiene como objetivo la demolición del inmueble. Después, el Ministerio y la Junta de Andalucía deberían dar paso a una actuación de restauración paisajística, asegurando el libre acceso y uso público de la playa y recuperando los principales valores naturales y paisajísticos de este ecosistema subdesértico único en Europa.
Como ni el Ministerio ni la Junta de Andalucía tienen un mínimo interés por la protección de la costa, siguen sin apoyarse en las sentencias contrarias al hotel (¡más de media docena!) para justificar su derribo, para justificar que no cabe negociación con la promotora del hotel. Y no sólo esto, como en 2007 en Consejo de Ministros fue el que inició el proceso de expropiación y ahora no encuentran excusas para justificar su desidia y pasividad, el anuncio de la paralización de la expropiación ni siquiera lo ha vuelto a realizar el Consejo de Ministros. En diciembre de 2009, por la puerta de atrás, mediante anuncio del Delegado del Gobierno en Andalucía, la administración española decide paralizar la recuperación de los terrenos. Y es esto precisamente lo que hemos denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Greenpeace no va a cesar en su empeño para que uno de los más graves ejemplos de la destrucción costera en nuestro territorio desaparezca. Porque mientras permanecen pasivos aquellos que nos representan, Greenpeace sigue trabajando con la seguridad de que nuestra energía aumenta proporcionalmente al abandono de las políticas de conservación de la costa.
Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace