La imagen muestra la señal de un cultivo de la empresa Pioneer en San Mateo de Gállego, en la provincia de Aragón. No es un cultivo cualquiera, es un maíz experimental modificado genéticamente con los genes de una bacteria que le permite teóricamente ser resistente a un lepidóptero llamado taladro. En sí misma, esta fotografía es una denuncia ya que recoge de forma fortuita la ubicación exacta de un campo de cultivo experimental. Y digo fortuita porque actualmente no existe un registro de la situación de los cultivos experimentales modificados genéticamente que son liberados en nuestros campos. Dicen desde las administraciones que por seguridad, pero poco se tiene en cuenta la seguridad de las agricultoras y los agricultores que temen que sus cosechas sean contaminadas.

Y es que el Gobierno sigue tolerando el cultivo a gran escala de Organismos Modificados Genéticamente (OMG) en territorio español en contra de la tendencia de la Unión Europea y de la mayoría de estados miembros. España acoge al 42% de los ensayos experimentales al aire libre que se han realizado en la Unión Europea (UE) durante los últimos años.

No hay transparencia en los mecanismos de aprobación, evaluación y control. Son clamorosos la ausencia de registros públicos de los cultivos transgénicos, las irregularidades en el etiquetado de los alimentos transgénicos, los reiterados casos de contaminación, etc.

Por eso, representantes de las organizaciones Amigos de la Tierra, CECU, COAG, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Plataforma Rural, Red de Semillas y Veterinarios sin fronteras, se han reunido hoy con el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzo,  para trasladarle la enorme preocupación de la sociedad civil ante la agresión de los transgénicos en España y ante la actitud del Ministerio de Medio Ambiente, que protege por encima de todo los intereses de las grandes empresas del sector.

Queremos que se proteja a la agricultura frente a las contaminaciones transgénicas, evitando la liberación comercial al medio ambiente de OMG mientras no se den las condiciones políticas, legales y técnicas para garantizar la continuidad de la agricultura convencional y ecológica libre de transgénicos y para proteger la salud de los ecosistemas y de los consumidores y consumidoras. Queremos que se prohíban las importaciones aprobadas. Queremos que se protejan a las personas y a las empresas que han sufrido los efectos de la política de transgénicos. Y queremos poder decidir si consumir o no alimentos transgénicos, con un etiquetado serio y real.

Por todo esto, acudimos al Defensor del Pueblo, como institución cuya misión es la protección y la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Mónica Parrilla, campaña de transgénicos