Hoy se aprueba en el Congreso la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y el nuevo Código Penal.
El Partido Popular y el Ministro Fernández se han mostrado sordos ante el unánime rechazo social y político por las graves repercusiones sobre algunos derechos fundamentales que tendrán las reformas del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana. Sordos ante el rechazo de las organizaciones y movimientos sociales, de instituciones internacionales de protección de los derechos humanos, de asociaciones de abogados, jueces y fiscales, de partidos políticos o de sindicatos policiales.
No solo no escuchan, siguen insistiendo en que no se recortan los derechos fundamentales, que no va a tener repercusiones sobre el que piensa de manera diferente y lo expresa en la calle, al que protesta porque le quitan la casa, al que le apoya, al que no quiere la privatización de los servicios públicos o al que no se conforma con ver como las grandes empresas degradan el medio ambiente.
El Ministro Fernández sigue en su mundo irreal donde existe un problema de seguridad ciudadana, y donde estas leyes nacen como consecuencia de una demanda social inexistente. Imaginan una historia de ficción de calles que se llenan de violentos. Por eso hay que detener a quien cometa un delito...y también a quien se sospeche que podría cometerlo o quien merodee por los alrededores. Hasta 600 euros por escalar un edificio, hasta 30.000 euros por concentrarse frente a un parlamento autonómico, o hasta 600.000 por convocar una marcha a la central nuclear sin comunicación previa.
La presunción de inocencia ha muerto y el “principio de veracidad” de las fuerzas de orden público traerá un nuevo contexto de consecuencias desconocidas.
En Greenpeace no se nos escapa que esta ley será una herramienta para que el Gobierno y sus amigos, que dirigen las políticas ambientales y energéticas, tengan más fácil aplicar sus objetivos sin la acción incómoda de la sociedad civil.
Es otra vuelta de tuerca. Los recortes han afectado duramente a los recursos económicos y humanos dedicados a la conservación de la naturaleza; se está desmantelando el marco legal que protegía los recursos naturales y ordenaba el territorio; cerrojazo a las renovables, puertas giratorias y monopolio eléctrico; se acabó el defender el carácter público de las costas o los montes; se relajaron las exigencias ambientales y responsabilidad a las empresas en caso de accidente; se “flexibilizaron” y los procedimientos de evaluación ambiental, etc.
Está claro que el Partido Popular sigue una hoja de ruta para adaptar las reglas del juego a las demandas de los sectores económicos menos comprometidos con la sostenibilidad. Hoy aprobará en solitario nuevas leyes que criminalizan a quien investiga, expone, denuncia o protesta ante este estado de cosas.
Esperamos que esta ley tenga un corto recorrido y que pronto, a ser posible este mismo año, se proceda a la derogación de estas leyes.
¿Qué puedes hacer tú?
- Descubre nuestra postura contra la criminalización de la protesta pacífica.