Los ecologistas hemos pedido al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), a través de su Directora General de Medio Rural y Forestal, que desista de reformar la vigente Ley de Montes. Y lo hemos hecho porque sabemos que hay intereses y sectores particulares haciendo cola en las puertas del Ministerio con el mantra “¿qué hay de lo mío”.

Hemos sugerido que las actualizaciones urgentes (Reglamento de Diligencia Debida, Montes de Socios, etc.), u otras que se consideren necesarias, se incluyan como disposiciones adicionales en otras leyes también anunciadas o en proceso de tramitación, como la ley de Impacto Ambiental o la de Responsabilidad Ambiental.

El Ministerio y una parte del sector industrial justifica esta reforma alegando que hay que incentivar la producción y transformación de la madera y que hay que clarificar, simplificar y agilizar los trámites administrativos de la actividad forestal. Bien, esto hay que hablarlo. Pero, como se puede ver claramente en el proyecto, la reforma contempla demandas de sectores económicos, como los cazadores, que han conseguido meter mano en el texto en lugar de pedir una reforma de la pre-constitucional Ley de Caza (de 1970) o de la Ley de Tráfico. O se inventa el concepto “interés general prevalente” para introducir una excepcionalidad a la prohibición de cambio de uso forestal durante 30 años a los terrenos públicos afectados por un incendio forestal.

Otro tema que no queda bien resuelto es el régimen de sanciones a los operadores que comercien con madera ilegal. El pasado 3 de marzo entró en vigor el Reglamento de Madera de la UE (el pasado 3 de marzo), que prohíbe la comercialización de productos que contengan madera ilegal en el mercado europeo y  obliga a los importadores y comerciantes de madera a establecer un sistema de Diligencia Debida para evitar la comercialización de madera procedente de talas ilegales. La reforma de la Ley de Montes contempla un régimen sancionador que, dada la tipificación de las infracciones, no tendrá ningún carácter persuasivo para evitar el comercio de madera ilegal.

Mucho nos tememos que lejos de ser una reforma, la tercera Ley de Montes de los últimos 15 años va a ser un ejercicio de poner parches a la medida de algunos. El Ministerio no ha realizado ningún intento de adaptar la normativa al nuevo paradigma en el que se desenvuelven los montes españoles, ni de incorporar todo el bagaje de gestión, investigación y nuevos retos del sector. La reforma profundiza en los usos maderables del montes, los facilita, olvidando la función ambiental, la conservación de la biodiversidad y los usos sociales.

Está pendiente la postura del Ministerio ante la propuesta de la presidenta castellano-manchega, María Dolores de Cospedal, que anunció a principios de febrero que los presupuestos autonómicos preveían la privatización de entre un 20 y un 30% de los bosques de utilidad pública de la región para recaudar 45,6 millones de euros.  Es cierto que Cañete ha afirmado que la Ley de Montes no facilita la venta de los montes, pero también es cierto que el paso de la Ley de Costas por el Senado empeoró, y mucho, la ya decepcionante y anti-ecológica reforma de la ley. ¿Puede garantizar el Ministro que no va a pasar lo mismo con la Ley de Montes?

Para parchear una ley, Cañete va a abrir la caja de pandora. Nos tememos que ese parcheo va a ser aprovechado para hacer nuevamente una ley a la medida de unos pocos.

Miguel Ángel Soto (@NanquiSoto), responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace