Hoy, 12 compañeros están pidiendo la libertad de los activistas y periodistas freelance que llevan 62 días encarcelados en Rusia. Lo hacen desde lo alto del edificio de Shell - cómplice de la petrolera rusa Gazprom- en Madrid. Dentro de tres días, el próximo viernes, el Consejo de Ministros podría aprobar el anteproyecto de la llamada Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, una ley que nos retrotrae a épocas oscuras y casi olvidadas, que castiga al inconformista y al desobediente. Con esta nueva “arma” pedir la libertad de nuestros compañeros nos costará 600.000 euros.
La ley, también conocida como Ley Fernández, Ley anti15M o Ley antiprotesta sanciona prácticamente todo tipo de lucha por un derecho básico como la protesta. En Greenpeace sabemos mucho de eso. Llevamos más de 40 años llevando la protesta pacífica como una de nuestras señas de identidad y hemos conseguido significativas victorias ambientales y sociales gracias a nuestra forma de actuar. La nueva Ley perseguirá las manifestaciones, subirse a edificios y hasta la resistencia pasiva imponiendo multas de cuantías muy elevadas cuyo objetivo principal es claramente asfixiar a aquellos que ejercemos por principio el derecho a la protesta. No lo podemos consentir, seguiremos. #SinMiedo. No nos callaremos ante esta #LeyAntiProtesta.
Así que, mientras asistimos con inmensa preocupación a lo que está pasando con nuestros 30 compañeros en Rusia, nos espantamos con lo que se nos avecina aquí. De salir adelante el antidemocrático Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, quizá los próximos Arctic30 no se alojen en una cárcel de San Peterburgo, sino en Soto del Real.
Mario Rodríguez @mario_rod_var , director de Greenpeace España