Qué hicimos
En junio de 2009 nos subimos a la Torre del Oro de Sevilla. Queríamos advertir de los efectos del cambio climático en la capital andaluza, desplegando una pancarta con el lema “Cerrado por cambio climático”.
Qué pasó entonces
La acción se saldó con 10 activistas detenidos durante dos días. Un mes más tarde se celebró un juicio, en el que el fiscal pidió 270 euros para ocho de los activistas, más 2.500 euros a Greenpeace.
Qué pasaría con la LeyAntiprotesta en vigor
De prosperar la intención del actual Gobierno de sacar adelante una nueva Ley de Protección de eguridad Ciudadana, esta acción tendría desenlace bien diferente.
En primer lugar, no había habido juicio. Y sin él, la presunción de inocencia desaparecería, así como la posibilidad de defensa y noción de justicia. Con la Ley Antiprotesta en vigor, sería la propia Administración la responsable de establecer las multas. Las deja, por tanto, no al mandato de la justicia, sino al de la conveniencia política.
Además, la cuantía de las sanciones sería notablemente superior. Si en 2009 el fiscal pidió 270 euros para cada activista, ahora podría aplicar el artículo 35.29 de la nueva ley -conocido como "cláusula Greenpeace"- que multa con hasta 30.000 euros “el escalamiento de edificios de interés histórico-artístico sin la debida autorización”.
Estamos hablando, pues, de 2.160 euros a discrección de un juez con la ley actual, frente a 240.000 euros al arbitrio de la Administración con la propuesta de ley. El ministro Fernández y el resto del ejecutivo se frotan las manos.
Sin duda, una forma cómoda y eficiente de impedir cualquier acividad de desobediencia civil. Y sin desobediencia civil y protesta pacífica, los desmanes de los sucesivos gobiernos se verían frecuentemente sin respuesta.
¿Podemos permitirlo? ¡No a la Ley Antiprotesta!
¿Qué puedes hacer tú?