Comunicado de prensa - mayo 3, 2017
• La organización ecologista eleva a 4.400 millones el coste para la ciudadanía del almacenamiento de gas a los que habrá que sumar los gastos de desmantelamiento
Después de que se haya dado a conocer el resultado del informe encargado por Enagás al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), que ha determinado la relación entre los seísmos ocurridos en la zona y el almacenamiento de gas Castor, la organización ecologista reclama protocolos para evitar despropósitos como este con un alto riesgo medioambiental y económico.
Según estimaciones de Greenpeace, el coste del almacén submarino de gas, situado frente a las costas de Castellón, es uno de los ejemplos más claros de despilfarro de dinero público que se han vivido en España, consecuencia de un modelo energético basado en energías sucias. La empresa constructora del proyecto, ACS, recibió 1.350 millones de euros de dinero público después de que fuera necesario clausurar el proyecto por provocar más de 400 seísmos. Esta cantidad, sumada a los intereses a pagar por el Estado, supondrá un gasto de cerca de 4.400 millones de euros, una suma con la que Greenpeace calcula que se podrían construir 40 hospitales de tamaño medio o conceder 11 millones de becas de comedor escolar.
Cabe recordar además, que el coste final del proyecto Castor se triplicó sin una explicación aceptable por parte de ACS. Todo el proceso ha hecho que en abril de 2015 el Parlamento Europeo censurara la indemnización, solicitando al Defensor del Pueblo Europeo una investigación sobre si el Gobierno español incurrió en una ayuda estatal prohibida al autorizar el pago.
“Es necesario desmantelar la plataforma tan pronto como las condiciones lo permitan y evitar en el futuro que vuelvan a ponerse en marcha proyectos como este que acarrean riesgos para el medio ambiente y la salud de las personas, y que suponen un gran desembolso para las arcas públicas, y para ello hay que revisar los procesos de evaluación de impacto ambiental con exhaustividad”, ha declarado Julio Barea, portavoz de Greenpeace.