En el contexto internacional del abandono de compromisos climáticos por pate de Estados Unidos, todos los países, incluido España, tienen más motivos que nunca para tomarse en serio una verdadera transición energética para descarbonizar sus economías.
El resultado de la reciente subasta de renovables celebrada en España demuestra que hay un volumen muy relevante de proyectos renovables, principalmente de las tecnologías eólica y solar fotovoltaica, dispuestos a producir energía a los precios del mercado mayorista de electricidad sin necesidad de complemento retributivo alguno. Esto está ocurriendo incluso en la situación desfavorable en que las energías contaminantes siguen sin pagar todos sus costes sociales y ambientales y por lo tanto funcionan con precios artificialmente bajos.
Ante este hecho es lógico plantear la necesidad de que las subastas para la asignación de incentivos a las renovables constituyan una herramienta eficaz para la sustitución de las energías fósiles y nuclear en el sistema eléctrico. Para ello es importante disponer de un plan de subastas periódicas con objetivos más ambiciosos, previsibilidad y estabilidad de las reglas del juego, así como que incorporen elementos no estrictamente económicos en los criterios de asignación (ubicación geográfica, impacto sobe el empleo, participación ciudadana en el proyecto...). Además, los proyectos se deben asignar en función del precio por kWh y las licitaciones tienen que tener un diseño que garantice la participación de los pequeños productores.
En la configuración actual de la subasta renovable, la única ventaja adicional que supone la adjudicación en la subasta respecto de la concurrencia directa al mercado es la existencia de un suelo retributivo que permite garantizar un precio mínimo por la venta de energía en el caso de que los precios del mercado mayorista se desplomaran durante la vida útil de las instalaciones, establecida en 25 años desde su puesta en servicio.
Sin embargo, el poner a competir en precio tecnologías que aportan funcionalidades tan distintas al sistema, como es el almacenamiento y la capacidad de seguimiento de la demanda, lleva a un resultado en el que solo resultan adjudicatarias tecnologías no gestionables, lo cual no permite alcanzar un sistema sostenible libre de emisiones.
No obstante, el complejísimo diseño de la subasta impide la determinación precisa del suelo a priori, dado que depende de los numerosos parámetros que son revisables varias veces durante la vida útil de las instalaciones. Se trata, por tanto, de un precio mínimo fluctuante que introduce incertidumbre en los ingresos futuros de las plantas lo que, a su vez, encarece los costes de financiación a los que estas se enfrentan, suponiendo un mayor coste de la energía para el consumidor totalmente innecesario.
En otras palabras, un mejor diseño de la subasta que otorgara mayor visibilidad y estabilidad al suelo retributivo por el que compiten los proyectos aumentaría aún más la cartera de proyectos dispuestos a producir en esas condiciones.
En estas condiciones, organizaciones de muy diversa índole representativas de gran parte de la sociedad del país exigen al Gobierno la aprobación de un plan energético que contemple un calendario de subastas periódicas de instalaciones renovables de producción de energía eléctrica con un diseño no marginalista y basado en un precio por kWh cuyos objetivos respondan a la total descarbonización y desnuclearización del sector eléctrico español.
Resulta esencial establecer criterios adicionales a los puramente económicos en la subasta como cupos para proyectos con participación ciudadana o especial impacto positivo en el empleo para fijar una parte de los ingresos del sistema en las economías locales, en armonía con lo que prevé en este sentido la futura Directiva de Renovables.
En un contexto en el que las renovables han demostrado ser económicamente competitivas con las fuentes de producción de energía convencionales, sin necesidad de valorar el indudable balance de externalidades sociales y medioambientales a su favor, no cabe la ampliación de la vida de instalaciones de producción obsoletas como las centrales nucleares, las de carbón o las de gas.
La gestión de las tecnologías eólicas y solar fotovoltaica puede completarse con una adecuada gestión de otras tecnologías renovables, como la hidráulica, la biomasa, la termosolar o la geotermia, así como con sistemas de gestión de la demanda y de almacenamiento eléctricos, que han registrado importantes avances tecnológicos en los últimos años y que hoy en día ya son una realidad a precios cada vez más competitivos.
La planificación hasta la total descarbonización podría contar transitoriamente con las centrales de generación actualmente en funcionamiento en la medida en la que se fueran poniendo en marcha las nuevas instalaciones renovables y de gestionabilidad que las sustituyan, pero nunca debiera considerar la ampliación de su vida útil —mucho menos la construcción de nuevas plantas— particularmente en el caso de las centrales nucleares dado que, a pesar de los riesgos que supone su funcionamiento y los costes que traslada a la sociedad la gestión de sus residuos radioactivos, ni siquiera aportan gestionabilidad al sistema eléctrico.
No cabe, por tanto, la autocomplacencia con objetivos de penetración de renovables en el sector eléctrico limitados a las exigencias impuestas por los acuerdos internacionales firmados por España. El interés general impone la aprobación inmediata de un plan de desarrollo masivo de renovables que lleve a un sistema eléctrico autónomo, autóctono, mucho menos contaminante y más barato.
Organizaciones firmantes:
Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (ANPIER)
Amigos de la Tierra
Ecologistas en Acción
Fundación Renovables
Greenpeace
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME)
Protermosolar
SEO BirdLife
Unión Española Fotovoltaica (UNEF)
WWF