Greenpeace ha presentado el informe "El inevitable cierre de las centrales nucleares españolas: una oportunidad económica y social", donde se pone de manifiesto que el impacto económico de las actuaciones ligadas al desmantelamiento, la gestión de los residuos y la sustitución de la energía nuclear por otras fuentes supondrá la creación neta de unos 300.000 empleos, de los que 100.000 corresponden al desmantelamiento de las nucleares y 200.000 empleos a la instalación de nueva potencia renovable. Además, implicaría un aumento del PIB de unos 20.000 millones de euros.
“El cierre gradual de las centrales nucleares, además de tener un claro impacto positivo en términos ambientales y de seguridad, puede suponer un importante incentivo para la economía española y la creación de empleo. El desmantelamiento nuclear es un hecho necesario e inevitable y, por su implicación en las comunidades locales, merece ser controlado por la sociedad”, ha declarado Raquel Montón, responsable de la Campaña Nuclear de Greenpeace.
En el informe de Greenpeace, basado en el exhaustivo estudio elaborado por la consultoría independiente Abay Analistas Económicos y Sociales para la organización ecologista, se destacan las siguientes conclusiones en el ámbito económico y de empleo, y respecto a la financiación:
Respecto al impacto económico y del empleo, además de la creación neta de unos 300.000 empleos, de los que 100.000 proceden del desmantelamiento de las centrales y gestión de sus residuos (otros 200.000 irían al sector de las renovables), se produciría un aumento del PIB próximo a los 20.000 millones de euros y un aumento de la recaudación de unos 2.800 millones de euros.
Las inversiones vinculadas al desmantelamiento de las centrales nucleares son públicas, y se realizan con dinero ya recaudado. Estas inversiones (4.198 millones de euros) representan el 19% de las inversiones totales. Si el almacenamiento temporal de los residuos es mediante ATis se añaden 370 millones de euros, y si es mediante ATC son 1.232 millones de euros, lo que significa un 2% y 5%, respectivamente, de la inversión total.
Los dos sectores más beneficiados por la creación de empleo son comercio y hostelería, que aglutina la mayor parte de los impactos inducidos, y las actividades financieras, profesionales y científicas, que concentran una parte muy significativa del impacto directo de las inversiones.
Respecto de la financiación a pesar de que el parque nuclear en España ya ha alcanzado el 84% de la vida útil la financiación disponible ni siquiera alcanza el 30% de la financiación total que se va a requerir.
Es imprescindible el establecimiento de un sistema de financiación de proyectos de desmantelamiento que desarrolle un marco legal adecuado y, sobre todo, de una correcta estimación de los costes, tanto de forma previa al desmantelamiento como de forma periódica durante las sucesivas revisiones de costes. Asimismo para asegurar que el coste no se traslada a la ciudadanía y se asegure el principio de justicia intergeneracional y no se deje a generaciones futuras es necesario provisionar los fondos necesarios durante el periodo de vida útil de las centrales nucleares.
La organización ecologista propone no conceder ninguna licencia de explotación más a los reactores nucleares operativos en España una vez concluya el periodo de validez, y elaborar un nuevo Plan de Gestión de los Residuos Radiactivos para gestionar los residuos producidos hasta la finalización de las licencias de explotación en vigor.
“Es imprescindible que la financiación del desmantelamiento nuclear y la gestión de residuos radiactivos no recaiga en los ciudadanos del futuro sino en las compañías que han obtenido los beneficios. Y es deber del Gobierno planificar, comunicar e invertir en la revitalización de las comarcas donde se encuentran las nucleares”, ha concluido Montón.