Greenpeace advierte que el paquete de medidas en materia de política energética publicado hoy por la Comisión Europea amenaza con descarrilar los esfuerzos para acelerar el despliegue de las energías renovables al tiempo que prolonga de la dependencia del carbón.
"Estos borradores de medidas están hechos para favorecer a las grandes empresas energéticas contaminantes en vez que a la ciudadanía europea. La Comisión Europea está echando el freno a las renovables y, al mismo tiempo, pretende dejar que los gobiernos nacionales sigan regalando dinero público a las centrales de carbón por lo menos durante otra década, lo que pondrá en riesgo la capacidad de la Unión Europea para cumplir con su compromisos internacionales en materia de cambio climático y minar la participación ciudadana en las energías renovables", ha afirmado Sara Pizzinato, responsable de la campaña de renovables de Greenpeace.
Las medidas propuestas por la Comisión Europea incluyen mantener unas subvenciones conocidas como «pagos por capacidad», que se espera beneficien al carbón, al gas y a la energía nuclear con el pretexto de asegurar que se puedan “mantener las luces encendidas” en todo momento. Sin embargo, el mercado eléctrico en la Unión Europea ya está acusando un exceso en la capacidad instalada de centrales térmicas. Alrededor del 95 % de las centrales eléctricas de carbón podrían recibir pagos por capacidad hasta 2026 en virtud de las propuestas de la Comisión que asigna un límite de emisiones de CO2 solo a las nuevas centrales después de 2026. A partir de ese año todas las centrales térmicas que piden recibir pagos por capacidad deberán emitir menos de 550g de CO2 kilovatio/hora.
La Comisión también propone abandonar una norma existente que obliga a los operadores de las redes eléctricas a priorizar el despacho y acceso a la red de la electricidad de origen renovable respecto a la energía contaminante procedente del carbón y de las centrales nucleares. Es probable que esto lleve a más casos en los que las energías renovables serán cortadas, especialmente en épocas de exceso de oferta, porque es más fácil y más barato desactivar la energía eólica o solar que el carbón y las centrales nucleares. Es de esperar que estas medidas bloqueen las nuevas inversiones en renovables.
Al mismo tiempo, la propuesta de la Comisión promueve el papel de los ciudadanos y las cooperativas para producir, consumir, almacenar y vender su propia energía renovable al contrario de lo que estipula la legislación española (normativa sobre autoconsumo e impuesto al sol). Sin embargo, propone limitar el tamaño de las cooperativas de energías renovables al reducir los proyectos a un promedio de 18 megavatios por año.
Un estudio en el que ha participado Greenpeace demuestra que más de 112 millones de personas en la UE podrían generar con renovables el 19% de la demanda de electricidad europea para 2030. La mitad de la ciudadanía Europea podría participar de manera activa en el sector eléctrico en 2050 y cubrir el 45% de la demanda del continente.
El mismo estudio arroja cifras aún más ambiciosas para España donde una tercera parte de la ciudadanía podría generar la mitad de la electricidad en 2050 de firma sostenible e independiente, y participar en la distribución.
“La Comisión Europea, por enésima vez consagra el derecho de la ciudadanía a producir su propia energía y vender sus excedentes a la red eléctrica dejando en evidencia la normativa española en materia de autoconsumo. Esta, además de imponer un impuesto al sol grava de manera innecesaria y discriminatoria a la ciudadanía con multas disuasorias y trabas administrativas exageradas para evitar que las personas reivindiquen su derecho ante la energía de forma individual y colectiva. Es hora de que Gobierno de España tome nota y reforme el Real Decreto de Autoconsumo ya que si dejamos en manos de las grandes compañías eléctricas la necesaria transición energética, esta llegará demasiado tarde para salvar el clima”, ha añadio Pizzinato.
El paquete completo de propuestas de políticas de la Comisión Europea tiene por objeto ayudar a la UE a cumplir sus objetivos para reducir las emisiones de carbono y aumentar las energías renovables y la eficiencia energética con un horizonte de 2030. Sin embargo, es poco probable que los objetivos conduzcan a que la UE despliegue lo necesario para su contribución al cumplimiento de la promesa de limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 °C, tal y como se acordó en el acuerdo climático de París del año pasado que hoy mismo España ha ratificado en el Congreso de los Diputados.
Los borradores de las medidas de política energética de la Comisión Europea pasarán ahora por el Parlamento europeo y los gobiernos nacionales para alcanzar un acuerdo en los próximos 18 meses. Los ministros europeos de energía tendrán un primer encuentro de discusión de las propuestas el próximo 5 de diciembre.