La nueva propuesta de la Comisión Europea enviada la semana pasada a los Estados miembros incluye considerables mejoras respecto a la propuesta inicial presentada en marzo, pero sigue sin ser suficiente para proteger la salud de las personas y el medio ambiente. El glifosato fue clasificado por la OMS (Organización Mundial de la Salud) como "probablemente cancerígeno para los seres humanos", y se ha concluido que existe evidencia suficiente de que es cancerígeno en animales de laboratorio.
La actual propuesta, que será debatida y votada el próximo miércoles día 18 en el Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos, reconoce la gran preocupación que este tema ha generado en el público, pero propone que se renueve la autorización del glifosato hasta el 30 de junio de 2025 (nueve años), al contrario de los 15 propuestos inicialmente, y no incluye ninguna restricción obligatoria en la línea de lo recomendado, por ejemplo, por el Parlamento Europeo (permitir exclusivamente el uso profesional, no permitir el uso en parques, zonas de juego y jardines ni el uso como desecante antes de la cosecha).
La propuesta condiciona la autorización del glifosato a la evaluación de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) que debe estar completada para finales de 2017, por lo que sorprende que se proponga reautorizar por nueve años. Además, obliga a los solicitantes a presentar "datos confirmatorios" sobre el potencial del glifosato como disruptor endocrino hasta el 1 de agosto (después de caducar la autorización) y a que se excluya el adyuvante taloamina. La propuesta también reconoce que el glifosato afecta al medio ambiente, que se debe reducir o prohibir el uso de plaguicidas en parques públicos o jardines, áreas de recreo y deportes, zonas escolares y de juegos infantiles y en las inmediaciones de los centros de salud. La actual propuesta de la Comisión Europea recoge también que en la agricultura se debe aplicar la gestión integrada de plagas, así como otras alternativas, de cara a reducir la dependencia de los plaguicidas, pero deja en manos de los Estados miembros la aplicación de medidas y restricciones para alcanzar estos objetivos.
Esta nueva propuesta cuenta con el apoyo del Gobierno español, tal como se manifestó en una reunión que tuvo lugar el jueves pasado entre el director general de Sanidad de la Producción Agraria y diversas organizaciones sociales, como Ecologistas en Acción, Greenpeace, Comisiones Obreras, la Asociación Española de Educación Ambiental y la Fundación Alborada, en representación también de SESPAS, Fodesam y la Fundación Vivo Sano. Estas organizaciones, con el respaldo de más de 300.000 personas y más de 150 entidades de diversos ámbitos que han apoyado una carta abierta dirigida a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y al ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso Aranegui, han insistido al director general, cuya Dirección General representa a España en el Comité Permanente, sobre la importancia de que España se oponga a la reautorización del glifosato, en tanto se aclara la controversia científica existente y se decide su clasificación armonizada en la UE.
La Comisión Europea basa su propuesta de reautorización en un informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y del Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemania (BfR), quienes han evaluado el dosier presentado por la industria, que concluía que el glifosato no ocasiona ningún riesgo para la salud humana. Este informe ha sido ampliamente criticado por la comunidad científica.
El Reglamento (CE) Nº 1107/2009 sobre la comercialización de plaguicidas dice claramente en su Considerando 8, que la industria debe demostrar “que las sustancias o productos producidos o comercializados no tienen efectos nocivos en la salud humana o animal ni efectos inaceptables en el medio ambiente” y establece que la sustancia activa de los plaguicidas solo debe ser autorizada si “no está o no va a estar clasificada como carcinógena”. Como esta clasificación depende de las conclusiones de la ECHA a finales de 2017, lo pertinente es aplicar el principio de precaución y no reautorizar el glifosato.
El mismo Reglamento dice: “En particular, al conceder autorizaciones de productos fitosanitarios, el objetivo de proteger la salud humana y animal y el medio ambiente debe primar sobre el objetivo de mejorar la producción vegetal”. Ante esto, aplicando el principio de precaución y sabiendo que existen alternativas respetuosas con la salud y el medio ambiente, consideramos que el Gobierno español debe votar en contra de la reautorización del glifosato el próximo 18 de mayo.
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