Las organizaciones ecologistas exigen la publicación y aplicación inmediata del fallo judicial, mientras que se atiende a los problemas sociales asociados a la presencia de especies exóticas y que son fruto de años de desidia por parte de las administraciones
El pasado mes de marzo el Tribunal Supremo estimó parcialmente un recurso de Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y AEMS-Ríos con Vida contra el Real Decreto 630/2013, que regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras aprobado en 2011. La sentencia establece la inclusión en dicho catálogo de especies como la carpa común, la trucha arco iris o el arruí. Además, prohíbe la comercialización del cangrejo rojo y la explotación del visón americano, basando estas decisiones en informes científicos del CSIC.
Las organizaciones ambientales muestran su sorpresa e indignación ante la reacción que los dos partidos políticos con mayor representación en el Congreso, PP y PSOE, están teniendo ante la mencionada decisión judicial, llegando a reclamar su incumplimiento, e incluso pidiendo la modificación de la normativa vigente para permitir que se continúe con la introducción y comercialización de estas especies invasoras.
Entre otras acciones, las dos formaciones políticas apoyaron con su presencia la manifestación celebrada el 23 de abril en Mérida para reclamar el incumplimiento de la sentencia y han aprobado una moción en el parlamento regional en este sentido. En la asamblea de Extremadura, el PSOE ha presentado una proposición en la que solicita al Gobierno central que permita que se sigan pescando las especies indicadas en la sentencia y, en Castilla-La Mancha, el PP ha solicitado que se adopten medidas urgentes en este mismo sentido.
Asimismo, el PSOE ha llevado el asunto al Congreso de los Diputados, donde ha registrado dos Proposiciones no de Ley, en las que insta al Gobierno a aplazar la ejecución de la sentencia “por razones de índole económica y alarma social” y que se modifique la normativa para poder seguir pescando carpas y otras especies de peces exóticos invasores, así como comercializando el cangrejo americano.
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran alarmante que dos partidos políticos –máxime cuando han estado al frente tanto del Gobierno central como de buena parte de los ejecutivos autonómicos– pidan abiertamente que se incumpla una sentencia del Alto Tribunal. Parece más que evidente que, en este caso, están pesando más los intereses políticos del momento, cuando llegan a atribuir a la sentencia incluso lo que no dice –por ejemplo, que prohíbe la pesca de especies invasoras–, en un claro intento de atraer el voto de algunos sectores sociales, como los pescadores deportivos.
Ante la celebración de unas nuevas elecciones, las organizaciones ecologistas piden a todos los partidos políticos que actúen con responsabilidad en un asunto de la gravedad de las especies invasoras, la segunda causa de pérdida de biodiversidad según la ONU, y que cuestan al menos 12.000 millones de euros al año a la UE. En este sentido, reiteran que la solución a este problema, agravado por años de desidia de las autoridades y por la inacción de las entidades que ahora dicen representar a los colectivos afectados, solo será satisfactoria si se ejecuta de forma correcta la sentencia y se activan, sin dilación, medidas que protejan los puestos de trabajo en las zonas afectadas.
PSOE, PP y especies exóticas
El Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero fue el que aprobó el RD 1628/2011, en el que se regulaba el listado y catálogo español de especies exóticas invasoras, incluyendo a la carpa común y la trucha arcoíris entre muchas otras especies. Esta normativa fue modificada por el PP en la siguiente legislatura y dicha reforma ha sido invalidada en buena medida por la reciente sentencia del Tribunal Supremo. En opinión de las organizaciones ecologistas, carece de lógica que el PSOE plantee ahora la descatalogación de estas especies cuando en su día las incluyó en el catálogo o en el listado de potenciales invasoras, sobre la base de sólidas evidencias científicas.
Además, tanto la administración central como las autonomías, mayoritariamente gobernadas por PSOE y PP desde hace años, han ignorado esta situación, apenas han desarrollado medidas para erradicar estas especies y no han informado o reconducido a los sectores económicos en función de la problemática existente. Sin embargo, sí han obtenido fondos europeos para erradicar especies que, precisamente, ahora se pretenden defender aunque no siempre hayan sido gestionados de forma adecuada. En definitiva, son en gran medida responsables de la situación actual por su permisividad y falta de acción en el pasado.
Las organizaciones ambientales reclaman la publicación de la sentencia, su aplicación por parte de todas las administraciones y la puesta en marcha de un proceso de reconversión de los sectores económicos afectados que permita mantener los puestos de trabajo, especialmente los de las personas con menos recursos económicos.
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