Comunicado de prensa - junio 30, 2016
• El acuerdo comercial con Canadá, el CETA, se ha negociado en secreto durante cinco años y se encuentra en una fase de ratificación.
• A pesar de que la mayoría de los Gobiernos de la UE apoyan que la ratificación se produzca en los parlamentos nacionales Juncker ha pedido que se encargue de ello solo la CE.
Greenpeace pide públicamente a los Gobiernos europeos que eviten el intento de la Comisión Europea de menospreciar a los parlamentos nacionales a la hora de discutir y dar su visto bueno al nuevo tratado comercial con Canadá, más conocido por sus siglas CETA. Al igual que su hermano gemelo, el TTIP (tratado entre la UE y los EE.UU.), el CETA es un acuerdo comercial que se ha negociado en secreto durante más de cinco años (del 2009 a 2014) y que pretende ser ratificado este mismo año.
La organización ecologista señala que la actual crisis de confianza de la ciudadanía en las instituciones europeas y su funcionamiento, ejemplificada por el triunfo del Brexit en el referéndum llevado a cabo en el Reino Unido la semana pasada, podría incrementarse si la CE sigue con su huida hacia adelante e intenta eludir la opinión de los parlamentos nacionales en el proceso de aprobación del CETA.
A pesar de que la gran mayoría de los Gobiernos de la Unión Europea apoyan que la ratificación del CETA se produzca en los parlamentos nacionales, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker ha manifestado a los líderes europeos en la cumbre de la UE en Bruselas el 28 de junio que este tratado sólo debe ser ratificado en el ámbito de las instituciones europeas. Se espera que la Comisión Europea presente oficialmente su plan para la ratificación del CETA durante la próxima semana, en la reunión de la Comisión Europea del próximo martes 5 de julio.
“Es hora de cambiar de rumbo y dejar de hacer políticas que favorecen sólo a los grandes intereses y corporaciones. Una buena forma de comenzar sería escuchar la crítica de la sociedad civil respecto de la nueva generación de tratados comerciales entre la Unión Europea, Canadá y los EE.UU. No se puede seguir con el secretismo e intentando evitar el debate democrático en los parlamentos nacionales, o permitir la entrada en vigor del CETA de manera provisional sin haber escuchado la voluntad de los diferentes parlamentos europeos. Sería como echar más leña al fuego”, ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace.
Soto ha añadido que "nuestros representantes políticos en el Congreso y en el Parlamento Europeo deben trabajar para construir una Unión Europea que camine en la senda del desarrollo sostenible y que proteja nuestra salud y nuestros derechos laborales, y rechazar los planes ocultos en estos tratados que buscan un mayor control de nuestras vidas y de la democracia por parte de las grandes corporaciones".
Esta nueva generación de acuerdos comerciales incluyen privilegios para los inversores extranjeros que podrían impugnar las decisiones de los Gobiernos municipales, autonómicos y estatales fuera de los tribunales nacionales y de la UE existentes. Esta justicia paralela socava el estado de derecho y es una gran amenaza para los estándares y la legislación que protege el medio ambiente, la salud y los derechos laborales.
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