Comunicado de prensa - abril 8, 2016
• La organización ecologista exige un modelo económico de futuro sostenible y justo para las cuencas mineras
Greenpeace advierte del engaño que supone la promesa realizada ayer por el ministro de Industria en funciones José Manuel Soria al presidente de Aragón, Francisco Javier Lambán, en la que afirmaba que replanteará a la Comisión Europea (CE) la orden ministerial por la que se otorgarían ayudas a las centrales eléctricas que queman parte de carbón nacional a cambio de que estas hagan las obras necesarias para reducir sus emisiones contaminantes de óxidos de nitrógeno.
Esta medida beneficiaría a la central térmica de Andorra (Teruel), para la que la empresa propietaria, la italiana Enel, ha pedido una subvención de 230 millones para seguir operando.
Esta misma orden ya fue rechazada por la Comisión Europea el pasado mes de octubre, mientras que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el 30 de septiembre publicaba su informe ante dicha orden donde dejaba claro que: "La medida propuesta consistente en el reconocimiento de un derecho a la percepción de una cantidad a las centrales que consumen carbón autóctono para su adecuación a las normas medioambientales, además de no estar justificada en cuanto a su necesidad y proporcionalidad, no puede ser concebida ni como un mecanismo de capacidad ni como una ayuda medioambiental"
La organización ecologista no tiene constancia de que una nueva orden haya pasado de nuevo por la CNMC, y desde luego esta no la ha remitido al Consejo Consultivo de Electricidad, en el que Greenpeace tiene representación, de modo que si se trata de la misma Orden seguirá siendo inválida para la CE. Según las consultas realizadas por Greenpeace, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no dispone de información sobre las emisiones contaminantes actuales de la térmica de Andorra ni de los porcentajes de cada tipo de carbón que quema, por lo que difícilmente podría convalidar una orden por la que se le otorgarían ayudas a la propietaria de una central térmica para reducir unas emisiones que la CNMC desconoce.
Las grandes eléctricas propietarias de las centrales térmicas y con beneficios de miles de millones de euros esperan que se les otorgue nuevas subvenciones de dinero público con la excusa de que así cumplirán los límites de emisión, cuando el cumplimiento de la normativa debe ir implícito en sus costes de la actividad.
“Mientras que Escocia o Bélgica y otros seis países de la UE ya han cerrado todas sus centrales térmicas, parece mentira que España siga anclada en el pasado, como si a los gobernantes les diera miedo cerrar las puertas de la viejas energías para avanzar por el camino de las renovables y de los empleos verdes”, ha declarado Tatiana Nuño, responsable de la Campaña de Cambio Climático de Greenpeace
Greenpeace considera escandaloso que para mantener abierta la térmica de Andorra se utilice la imagen de los mineros, cuando esta térmica utiliza fundamentalmente carbón de importación. Desde 1992 se han otorgado más de 22 mil millones de euros de dinero público que debían ir destinados a planes de reconversión para las cuencas mineras y más de 20 años después ningún gobierno ni central, ni autonómico ha presentado un plan para la transformación justa del sector hacia empleos sostenibles.
“Tanto los Gobiernos autonómicos, como el central en funciones deben dejar de conceder dinero público a las grandes eléctricas y comprometerse a trabajar en un plan para la transformación, alternativa al carbón, que asegure para las cuencas mineras un modelo económico de futuro que sea sostenible y justo para las personas y el medio ambiente”, ha concluido Nuño.
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