Comunicado de prensa - abril 14, 2016
• José Manuel Soria se ha negado a asistir a la Comisión de Industria a pesar de tener cuatro solicitudes.
• También se ha constituido una ponencia que obligará al presidente del CSN a acudir a dar explicaciones al Parlamento.
Greenpeace celebra la aprobación hoy de las proposiciones no de ley (PNL) en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados sobre la petición de cierre de Garoña y sobre el aplazamiento de la entrada en vigor del decreto contra el autoconsumo. Asimismo, se ha constituido una comisión que se encargará expresamente de las relaciones con el Consejo de Seguridad nuclear (CSN) que obligará a su presidente a rendir cuentas al Parlamento.
El ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, no ha comparecido a pesar de haber sido convocado por cuatro solicitudes, algo que Greenpeace lamenta profundamente ya que buena parte de los temas tratados hoy son responsabilidad de su gestión al frente de Industria.
"El Congreso ha pedido al ministro en funciones Soria que cierre Garoña y que retire el impuesto al sol, por lo que ya no podrá decir por más tiempo que no le consta este asunto, aunque hoy no se haya dignado a acudir a escuchar la voz del Parlamento", ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña de Energía Nuclear de Greenpeace.
Tras la reunión mantenida el pasado 2 de febrero entre Greenpeace y representantes de todos los grupos parlamentarios excepto, el Partido Popular, enviaron una carta al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) pidiendo una paralización del proceso de reapertura de Garoña, aunque el CSN desoyó esta petición, hoy el Congreso de los Diputados ha constituido la comisión ad hoc en la que el CSN tendrá que dar explicaciones obligatoriamente y, además, da un paso más con la aprobación de la Propuesta no de Ley en la Comisión de Industria sobre la petición de cierre de Garoña (1).
"El presidente de Iberdrola decía ante su junta de accionistas que Garoña no funciona y solo falta pronunciar la palabra mágica: cierre. El Congreso de los Diputados ya lo ha hecho y ha pedido el cierre. Solo falta que el ministro de Industria en funciones haga lo que le mandan y no se saque trucos de la manga", ha añadido Montón.
La organización también celebra que la Comisión haya aprobado la PNL sobre autoconsumo, que pide al Gobierno en funciones que amplíe el plazo, (al menos hasta fin de año) para la adaptación a la nueva normativa de las instalaciones de autoconsumo existentes en el momento de la entrada en vigor del Real Decreto 900/2015. Tal y como Greenpeace denunció, la gran mayoría de estas instalaciones están teniendo graves problemas para adaptarse a la normativa más restrictiva del mundo en autoconsumo ya que el mismo Ministerio de Industria (que impuso tanto las condiciones técnicas como las multas millonarias en caso de no adaptarse) no ha desarrollado las instrucciones técnicas necesarias por lo que deja a los autoconsumidores en un limbo legal y económico de muy difícil solución.
El pasado jueves once organizaciones, incluida Greenpeace, pidieron a Rajoy que tomara cartas en el asunto y propiciara una modificación del plazo establecido en el Real Decreto por lo menos hasta finales de año en Consejo de Ministros. Más de 60.000 personas apoyaron esta petición en pocas horas y firmaron una petición para el presidente del Gobierno para que evitase, a partir del 11 de abril, que aquellas personas que apostaron por autoabastecerse con energías renovables quedaran en un estado de indefensión.
"Ahora el ministro en funciones Soria admite que su normativa de autoconsumo hace agua por todos los lados pero en lugar de poner remedio a ello se escuda en que no puede actuar porque está en funciones. Llama la atención que su Gobierno no pensara así cuando alargó la vida a la papelera de Ence", ha comentado por su parte Sara Pizzinato, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace.
El Ministerio de Industria es, tal y como explicita el real decreto contra el autoconsumo, responsable de las inspecciones y de asignar las multas a toda instalación de autoconsumo que no se haya adaptado y dado de alta en el registro público
Greenpeace lamenta que el ministro no haya querido aclarar si dará o no más tiempo antes de empezar las inspecciones que podrían acabar con multas de entre 6 millones y 60 millones. Es un paso más en la fuerte incertidumbre que el Partido Popular ha creado deliberadamente en el sector el autoconsumo.
La organización ecologista también recuerda que dos terceras partes del Parlamento se han comprometido a cambiar radicalmente la normativa española de autoconsumo para que sea realmente favorable a la democratización de la energía, ya que la actual no lo es: seis meses después de su entrada en vigor se han dado de alta en el registro correspondiente menos de 200 instalaciones de autoabastecimiento con renovables, muchas menos incluso de las que existían antes del real decreto.
Nota
Resumen del proceso de Garoña. La central nuclear de Garoña alcanzó el límite de su vida de diseño de 40 años en 2011 y tenía permiso de operación hasta el 6 de julio de 2013. En julio de 2012, el Ministerio de Industria revocó parcialmente la Orden Ministerial que establecía el cese de explotación hasta esa fecha. Nuclenor solicitó un aplazamiento para pedir esta nueva ampliación de vida, que no le fue concedido en 2012, pero sí en 2013. A pesar de que finalmente consiguió este aplazamiento no solicitó una nueva licencia y el Ministerio de Industria procedió a declarar el cese de explotación definitivo. Tras el cese, se modificó el Proyecto de Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, que amparaba la posibilidad de una nueva solicitud de ampliación de vida para Garoña. El 22 de febrero de 2014 el Consejo de Ministros aprobó esta nueva norma y Nuclenor solicitó el 27 de mayo de 2014 una licencia para operar hasta el año 2031. No obstante, en diciembre de 2012 Garoña se desacopló de la red eléctrica alegando motivos económicos, motivo por el cual el 17 de julio de 2014 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le impuso la máxima multa posible.
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