- 40 camiones con residuos radiactivos pasarán anualmente por Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura, con el consecuente riesgo de accidente de tráfico.
- Los municipios afectados no han sido consultados y la organización les emplaza a que pidan una moratoria.
- El ATC supondría un despilfarro económico de 1.000 millones de euros, que asumiría la empresa pública Enresa.
En la web de esta iniciativa, y a través de un mapa interactivo, se reproducen las siete rutas para el transporte de residuos que ha designado la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en su proyecto del cementerio nuclear. Estas rutas atravesarán un total de 216 municipios españoles, con más de seis millones de habitantes, que pueden consultarse en la web hecha por Greenpeace, así como los puntos negros de las carreteras por los que pasarán.
Unos 40 camiones circularán anualmente por Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura, lo que supone una media de tres transportes cada mes, según los cálculos de Enresa. Los municipios por cuyos términos municipales pasarán los residuos no están participando en la toma de decisiones de este proyecto, ya que no han sido consultados. La organización ecologista solicitó, tanto en el periodo de consultas previas, como en el periodo de participación pública del Estudio de Impacto Ambiental, que se incluyeran a todos lo municipios afectados, pero esta petición no fue atendida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En la web de Greenpeace los ciudadanos pueden mandar un e-mail a los responsables políticos de estas localidades para pedirles que promuevan en los plenos de sus ayuntamientos el apoyo a una moratoria al proyecto de ATC.
“Los municipios afectados por el transporte de residuos radiactivos deben hacer oír su voz sobre el proyecto del cementerio nuclear. El derecho a la participación pública está reconocido por la ley, y es garante de las mejoras en seguridad de proyectos como el del ATC”, ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace. “Los accidentes no se pueden descartar, y en ese caso la evacuación, refugio y descontaminación para la población que vive a lo largo de dichas rutas es muy difícil”, ha añadido.
Riesgos y costes
La organización ecologista ha advertido de los riesgos que tiene el transporte de residuos nucleares por carretera y de las implicaciones económicas para el Estado. La experiencia en otros países como EEUU y Reino Unido demuestra que los accidentes ocurren, pese a las medidas de seguridad. Entre 1971 y 1996 en EEUU se produjeron 58 accidentes e incidentes durante el transporte de residuos radiactivos. En el Reino Unido se han producido, desde 1958, un total de 786 incidentes. Además Greenpeace ha señalado que es casi imposible la prevención de un sistema de evacuación, refugio y descontaminación en caso de accidente para la población que vive a lo largo de dichas rutas.
Greenpeace ha declarado que el proyecto supondría un despilfarro económico, ya que costaría 1.000 millones de euros, que asumiría Enresa, frente a los 20 millones que cuesta aproximadamente cada almacén individualizado creado en cada central, los cuales además ya están construidos o en proyecto en ocho de los nueve reactores nucleares. Además del coste de cada Almacén Temporal Individualizado (ATI) se encargaría cada central.
Irregularidades del proceso
En la actualidad el CSN ya ha tramitado su informe para la autorización previa para el emplazamiento y ha iniciado la licitación de la obra civil sin tener aún todos los preceptivos informes previos, lo que pone de manifiesto una situación irregular. Además Greenpeace ha trasladado su profunda preocupación porque muchos de los informes técnicos de evaluación y notas informativas elaboradas por varias áreas de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear del CSN alertan con claridad sobre la mala calidad de los terrenos elegidos para albergar el ATC.
Qué pide Greenpeace
La organización, junto con la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca y Ecologistas en Acción, solicita al Gobierno de España la paralización inmediata de este proyecto. Una moratoria que implique la paralización de los permisos, autorizaciones y licencias hasta que se actualice el Plan de Gestión de los Residuos Radiactivos, se concluyan todas las evaluaciones de peticiones de información técnica y estas decisiones se sometan a un proceso de participación pública para escoger la alternativa socialmente más apoyada.
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