Los diferentes colectivos a favor del autoconsumo energético destacan además que, a pesar de los intentos del ministro de Industria, José Manuel Soria, por presentar el proyecto como una mejora para el autoabastecimiento de energía, supone en realidad un claro impedimento a su desarrollo.
El real decreto aprobado hoy recoge varias modificaciones respecto a la primera propuesta del Gobierno, introducidas gracias a la presión de la sociedad civil, aunque resultan claramente insuficientes. La propuesta original de regulación recibió casi 40.000 alegaciones ciudadanas que pedían su retirada, así como la oposición de las principales asociaciones empresariales del sector y de numerosas organizaciones ecologistas, sociales, sindicales y de consumidores.
La nueva norma permite a los consumidores con PVPC (tarifa eléctrica regulada) y bono social realizar autoconsumo y también se ha incluido la posibilidad de usar de baterías para almacenamiento de la energía autoproducida, aunque de facto se grava su uso, contrariamente a lo sugerido por instituciones como la Comisión Europea.
El nuevo texto añade al “impuesto al sol” por la energía autogenerada y consumida por el propio consumidor (sin que esta salga a la red) otro nuevo impuesto para todos los propietarios en función de la potencia instalada. Aunque la norma exime de los cargos de energía autoconsumida a las instalaciones cuya potencia contratada sea inferior o igual a 10kW, se trata de una medida transitoria hasta que sean aprobados los importes definitivos. Además de poco efectiva, esta medida impide conocer el marco retributivo más allá de cuatro años para una inversiones que requieren de mucha mayor estabilidad, dado que se amortizan en el medio y largo plazo.
Las organizaciones por el autoconsumo consideran que de la norma se deduce una clara intencionalidad del Gobierno en desincentivar el autoconsumo y una manipulación de las razones objetivas para la regulación del mismo. Mientras, por un lado, se dice que el objetivo del Gobierno es promover el autoconsumo, por el otro, se pone como condición que el autoconsumo no afecte a la eficiencia económica del sistema actual; es decir, que no afecte a los intereses existentes del sector eléctrico, so pena de penalizaciones claramente desproporcionadas y disuasorias.
El Gobierno reconoce los costes del sistema eléctrico como algo natural e imperturbable, un sistema que impide el derecho ciudadano en favor de los intereses de unos pocos e imponiendo la doctrina por la que cualquier cambio como la difusión del autoconsumo será un coste para el sistema. Todo lo contrario de lo que la misma Comisión Europea ve en el autoconsumo al que defiende como una clara ventaja económica, de estabilidad, fiabilidad y eficiencia del sistema energético europeo.
Esto hace que la normativa aprobada imponga que el autoconsumidor sobrepague al sistema y no se le reconozca su aportación positiva al mismo.
El autoconsumo cuenta con numerosas ventajas respecto al consumo tradicional de la red:
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Produce energía a partir del sol, una fuente gratuita, inagotable, limpia y respetuosa con el medio ambiente.
No solo el Gobierno no reconoce los beneficios del autoconsumo, sino que penaliza su uso, en contra de lo establecido en al menos tres directivas europeas (energías renovables, eficiencia energética y de eficiencia energética en los edificios) así como en la comunicación “New Deal for Consumers” que sitúa al consumidor en el centro de la Unión Energética y al autoconsumo como la herramienta clave para ello.
Queda por aclarar si es casualidad que la aprobación de la normativa sobre autoconsumo por parte del Gobierno coincida en el tiempo con la incorporación de éste a la oferta de algunas compañías eléctricas tradicionales.
Finalmente, cabe recordar que 18 partidos de la oposición se comprometieron a derogar esta norma en caso de que alcanzaran el gobierno en las próximas elecciones, por lo que las organizaciones a favor del autoconsumo confían en que mantengan su palabra.
Organizaciones firmantes (en orden alfabético):
Asociaciones de Consumidores:
Asociación General de Consumidores (ASGECO), Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
Asociaciones ecologistas:
Amigos de la Tierra, Centaurea, Greenpeace, Salvia Team, SEO / BirdLife, WWF
Asociaciones empresariales:
Aifoc, Anpier, APPA, FENIE, UNEF
Movimientos sociales:
Fundación Desarrollo Sostenible, Fundacion de Familias Monoparentales Isadora Duncan, Fundación Renovables, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
Partidos y formaciones políticas:
EQUO
Cooperativas de energía renovable
Som Energia, Ecooo Revolución Solar