Entidades sociales y plataformas ciudadanas piden a la Defensora del Pueblo que recurra la “Ley Mordaza” ante el Constitucional

Diversas organizaciones y plataformas de la sociedad civil, entre ellas Greenpeace, han presentado esta mañana a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, un documento en el que se hacen constar las principales preocupaciones que ha suscitado la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como “Ley Mordaza”, con relación al ejercicio y protección de determinados derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales suscritos por España.

En el documento se cuestiona la posible inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley, relativos a los registros corporales externos, la libertad de información y de expresión y los rechazos en frontera, entre otros. Estos últimos han sido introducidos por el Ejecutivo mediante una disposición adicional con la pretensión de legalizar una práctica que, en opinión de las organizaciones sociales, es ilegal, contraria al derecho internacional –en especial en referencia al derecho de asilo– y que merecería ser tachada de inconstitucional.

Por ese motivo, en la reunión celebrada esta mañana en Madrid se ha instado a la Defensora del Pueblo a interponer el correspondiente recurso de inconstitucionalidad frente a parte del articulado de la recién aprobada Ley de Seguridad Ciudadana, de conformidad con lo estipulado en la propia Constitución Española, que en su artículo 162.1a señala a la Defensora del Pueblo como legitimada para hacerlo.

Unidas en su preocupación por los derechos humanos y por la posible inconstitucionalidad de algunos artículos de la recién aprobada ley, las organizaciones y plataformas de la sociedad civil plantean esta propuesta como una vía democrática y pacífica de mostrar su disconformidad en lo que consideran un retroceso en el reconocimiento y acceso a los derechos amparados tanto por nuestra Carta Magna como por diversas normas internacionales de derechos humanos suscrita por España y que forman ya parte de nuestra propia legislación.

Esta propuesta viene avalada por la activa participación en la misma de numerosos representantes del tercer sector de la acción social, de la sociedad civil y de los movimientos sociales y ciudadanos, y en la que se dan la mano organizaciones tan diversas como Andalucía Acoge, Asociación Apoyo, Asociación Solcom, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Coordinadora de Barrios, Greenpeace, Plataforma del Tercer Sector, Red Acoge, Rights International Spain, Servicio Jesuita a Migrantes o la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía. Cabe destacar, también, el apoyo brindado a esta iniciativa por Amnistía Internacional, la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo y la Plataforma No Somos Delito.

Tras la reunión mantenida con Soledad Becerril, los representantes de las entidades promotoras del documento han expresado su convicción de que existen fundamentos jurídicos suficientes para impulsar el recurso de inconstitucionalidad y han mostrado su confianza en las gestiones que, en ese sentido, vaya a llevar a cabo la Defensora del Pueblo. Asimismo, se han comprometido con la ciudadanía a realizar el oportuno seguimiento informativo de esas gestiones.

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