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Greenpeace denuncia que el Gobierno quiera cobrar 405 millones a los ciudadanos por prolongar la vida de las contaminantes plantas de carbón

Comunicado de prensa - junio 2, 2015
• El Ejecutivo promueve unos límites de emisiones contaminantes más débiles para las centrales térmicas y pretende que los ciudadanos lo financien.

• La organización ecologista recuerda que las subvenciones deben acabar en 2018 y pide al Gobierno comenzar ya la transición energética a las renovables.

Termica de CarbónGreenpeace denuncia las maniobras del Gobierno español para prolongar la subvención a la quema de carbón y alargar la vida de las centrales térmicas, sin tener en cuenta el impacto de éstas sobre la salud y el clima. La organización ecologista informa de que el Ministerio de Industria ha dado a conocer, a través del Consejo Consultivo de Electricidad en el que participa Greenpeace, el borrador de una Orden Ministerial (1) mediante la cual el Ejecutivo subvencionará a las eléctricas con 90.000 euros por cada MW de central térmica que queme carbón nacional, con la excusa de reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno. La nueva Orden permitirá seguir subvencionando el carbón nacional durante los próximos tres años, pero las inversiones que se realicen supondrán que la centrales térmicas podrán alargar su vida durante muchos años más, dificultando así la reducción de emisiones en España y la entrada de energías renovables.

Con esta nueva Orden, en proceso de alegaciones, el Ministerio de Industria ha encontrado la fórmula para que los ciudadanos paguen 405 millones de euros de sus facturas de la luz para la prolongación del funcionamiento de las centrales térmicas y subvencionen la quema de carbón, que solo en 2010 provocó 535 muertes en España.

"Resulta un escándalo que el Gobierno siga buscando las vueltas para subvencionar el carbón, cuando por normativa europea las subvenciones deben acabar en 2018, y no se trabaje en un plan para la transición justa a un sistema basado al 100% en energías renovables", ha declarado Tatiana Nuño, responsable de cambio climático de Greenpeace.

Este lunes 1 de junio Greenpeace realizó una acción de protesta en Sevilla. Fue precisamente para denunciar la intrusión de representantes de las eléctricas, dueñas de las plantas de carbón, dentro de la delegación gubernamental de España que decide sobre la nueva normativa europea de contaminación del aire para las plantas industriales. Así, el Gobierno de España está adoptando una posición de apoyo para unos límites más permisivos, sin tener en cuenta las mejores técnicas disponibles para las térmicas de carbón y sin considerar criterios ambientales, ni de salud, para los ciudadanos. Mientras, busca la manera de pagar con los impuestos de los ciudadanos las reformas que serán necesarias para que las centrales térmicas cumplan estos límites de emisión y puedan seguir funcionando.

"Aquí el que contamina no solo no paga, sino que cobra. Los beneficios de contaminar son para las eléctricas, pero el coste de descontaminar lo pagamos todos. Y con ese dinero se va a prolongar la vida de las térmicas", ha afirmado José Luis García Ortega, representante de Greenpeace en el Consejo Consultivo de Electricidad.

Nuño añade: "El Gobierno está dispuesto a subvencionar la quema de carbón nacional y que las eléctricas puedan adaptarse a la nueva normativa para seguir funcionando; sin importarle sacrificar la salud de los ciudadanos y encima obligarnos a pagar por ello. El resultado es que unas centrales de carbón obsoletas que deberían cerrar, podrán seguir funcionando durante decenas de años más".

Contra todo pronóstico en un año tan climático como el actual, donde los gobiernos de todos los países deberían llegar a un acuerdo climático internacional que garantice emisiones cero y una transición justa hacia un modelo 100% renovable, el Gobierno español continúa promoviendo el carbón mientras bloquea el desarrollo de las energías renovables.

Negociaciones de cambio climático en Bonn


Desde ayer y hasta el próximo 11 de junio, los gobiernos de más de 190 países están reunidos en Bonn (Alemania), negociando el texto que dará continuidad al Protocolo de Kioto y que se acordará en París el próximo diciembre. Este texto que se acordará durante los próximos meses aporta cierta confianza en el proceso, pues la Unión Europea y nueve países más han presentado ya su propuesta de compromisos a Naciones Unidas. Se esperan unos compromisos justos y ambiciosos de la gran mayoría de países, entre ellos algunos de los mayores emisores.

Mientras tanto, el panorama mundial de emisiones está cambiando profundamente. Como resultado de la significativa disminución del consumo de carbón en China, las emisiones mundiales de CO2 procedentes de la energía dejaron de crecer en 2014, a pesar del crecimiento económico, por primera vez en 40 años, y este año han empezado a bajar. Greenpeace afirma que no cabe duda de que si se fortalecen los esfuerzos mundiales de reducción de emisiones, esta tendencia en la reducción de emisiones va a continuar.

Notas:

(1) Propuesta de Orden por la que se regula el mecanismo de capacidad para la mejora medioambiental en determinadas instalaciones de producción de electricidad.


Greenpeace es una organización independiente que no acepta dinero de gobiernos ni empresas para poder denunciar a todas aquellas personas o instituciones que amenazan al planeta. Solo el apoyo desinteresado de nuestros socios y socias hace posible nuestro trabajo.

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