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Escaladores de Greenpeace despliegan una pancarta de 32 m2 en la grúa del Congreso contra la Ley Mordaza


Mañana 1 de julio entran en vigor las llamadas "Leyes Mordaza"

Comunicado de prensa - junio 30, 2015
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• Los activistas han escalado la grúa del edificio para colgar una pancarta con el lema “La protesta es un derecho”.
• A partir de mañana, el ejercicio de los derechos de expresión, reunión y manifestación estará a merced de la interpretación que realicen las fuerzas de seguridad del Estado y el Ministerio de Interior.

A primera hora de la mañana, activistas de Greenpeace han comenzado una acción de protesta pacífica en el Congreso de los Diputados de Madrid para mostrar su rechazo a la Ley Mordaza, que entrará en vigor mañana 1 de julio. Tres escaladores de la organización han escalado la grúa de construcción del edificio y desde ella han desplegado una pancarta de 32 metros cuadrados.

El próximo 1 de julio entra en vigor las reformas de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y el Código Penal, que fueron aprobadas por las Cortes el pasado 26 de marzo con los únicos votos favorables del Partido Popular.

"Esta ley carece de justificación, ya que no hay problemas graves de seguridad ciudadana en España," ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace. "Está pensada para silenciar con multas las voces que critican la gestión del Gobierno y las consecuencias de la crisis social, ambiental y económica producto de la corrupción, los recortes sociales y de derechos, o la privatización de los servicios públicos".

El catálogo de nuevas infracciones que establecen las reformas señalan directamente las formas de protesta pacífica de algunos colectivos (activistas anti-desahucios, “mareas ciudadanas”, sindicalistas, afectados por las preferentes, etc.) pero que no suponen en ningún caso un peligro para la seguridad ciudadana. En la práctica, la nueva ley establece serias limitaciones a las libertades de expresión e información, de reunión pacífica y de asociación. Ello contraviene las obligaciones internacionales contraídas por el estado Español en materia de derechos humanos.

También, la Ley Mordaza considera un hecho sancionable el uso de imágenes que muestren las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo que va en contra del derecho constitucional a la libertad de información y de la necesidad de contar con pruebas que permitan el control del cumplimiento adecuado de sus funciones.

"A partir de mañana serán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Ministerio de Interior quienes interpreten cómo debemos ejercer nuestros derechos de expresión y manifestación“, ha declarado Soto. ”Y dada la presunción de veracidad del testimonio de los miembros de la fuerzas de seguridad, se podrán atribuir conductas ilícitas a los ciudadanos sin que haya quedado probado que participaron en las mismas".

La pasada semana, el 25 de junio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el informe resultante del Examen Periódico Universal en el cual otros diversos Estados hicieron recomendaciones concretas a España para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Los Estados han recomendado a España el respeto a las libertades de expresión, reunión e información, entre otras cuestiones. El Gobierno no ha aceptado revisar las reformas a la Ley de Seguridad Ciudadana y al Código Penal y que han sido calificadas unánimemente por la comunidad internacional como una amenaza al ejercicio del derecho a la protesta pacífica.

Desde el primer borrador de esta reforma, en noviembre de 2013, Greenpeace ha estado colaborando con otras organizaciones, movimientos sociales, sindicatos policiales, asociaciones de juristas y partidos políticos para parar o revertir las reformas. Existe el compromiso de las principales fuerzas de la oposición en el Congreso de derogar esta ley una vez que cambie la actual mayoría absoluta en el Parlamento

 


 

Activists protest above the Spanish Parliament against the new “Gag Laws”



The Government’s “Gag Laws” will come into effect tomorrow, 1st July
Greenpeace considers these reforms as a threat to the freedom of expression and assembly



To show their rejection of two reforms that threaten the freedoms of expression, assembly and protest, three Greenpeace Spain activists today deployed a 32 meter banner above the Spanish Parliament with the slogan “La protesta es un derecho” (“Protest is a right”).

The laws, which will go into effect tomorrow, the 1st of July are: Criminal Code ('Código Penal') and the Citizen's Security Act ('Ley de Seguridad Ciudadana'), widely known as 'Gag Laws'.

These reforms now penalize new Occupy-style demonstrations that  have arose in the past few years, and increases the fines for protests that were previously typified by the original laws, putting a serious blockage on any attempt at peaceful protest. It also has two new articles aimed directly at Greenpeace-style peaceful protests: climbing buildings and demonstrating near certain infrastructures, such as power plants and docks.

Raúl San Mateo, spokesman at Greenpeace Spain, said:

“These laws, which threaten basic fundamental rights, are a slap in the face of democracy and send Spain backwards in time. The Government, instead of tackling the causes of public unrest, is trying to criminalise peaceful protests that criticise its policies by forcing heavy fines and taking a power that should only belong to judges.”

According to Greenpeace Spain’s analysis, under the new laws, the Spanish government will have the discretion to give fines of up to 600.000 Euro per person, without the impartial view of a judge, thus making protests readily usable for political purposes.

The reforms have been carried out solely via the support of the party in Government, the right-wing Partido Popular. They have been heavily criticized by every party in the opposition, in addition to lawyers, judges, NGOs, civil society platforms, religious organizations, police unions, UN human rights experts, and the Council of Europe’s Commissioner for Human Rights, due to its threat to basic human rights such as the freedoms of expression and assembly.

These reforms come after four years of heavy social unrest, fuelled by the effects of the economic crisis and the big corruption scandals and the policies of the Partido Popular.

The rise of the 'Occupy'-related 'Indignados' movement in May 2011 has also made protests more frequent and larger, and has brought into scene new forms of protests such as gatherings at the front door of politicians, flamenco or rumba singing at bank branches, gatherings to stop evictions from houses, etc.

Greenpeace Spain is working with other NGOs, civil platforms and organizations on a national and international level to roll back the reforms. A constitutional challenge  has already been accepted by the Spanish Constitutional Court, and all political parties in the opposition have committed to make the reforms void as soon as there is a shift in power, which can happen as soon as November this year, when national elections will be held.