Comunicado de prensa - octubre 8, 2014
Este rechazo se suma a los ya mostrados por jueces, juristas, sindicatos policiales y organizaciones sociales. Greenpeace se ha opuesto a la reforma desde su anuncio en noviembre de 2013 por restringir el derecho a la protesta pacífica.
Todos los grupos parlamentarios -PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV), UPyD, CiU, PNV, y las tres formaciones del Grupo Mixto (Amaiur, el Bloque Nacionalista Galego y Geroa Bai)- presentaron ayer martes enmiendas a la totalidad de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Greenpeace celebra este rechazo parlamentario al proyecto, al que la organización ecologista se ha opuesto desde su anuncio en noviembre de 2013.
Esta es la última de las oposiciones a la controvertida reforma, que se suma al rechazo del Consejo General de la Abogacía, asociaciones de juristas, sindicatos, entre ellos el del sindicato policial SUP y numerosos colectivos y organizaciones sociales. El propio Relator Especial de Naciones Unidas Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas, Maina Kiai, también ha mostrado en numerosas ocasiones su preocupación respecto a la aprobación de esta ley. A Kiai "le preocupa particularmente que se haga prevalecer un concepto extensivo de seguridad de instituciones y autoridades sobre la protección del ejercicio de los derechos y libertades civiles de los ciudadanos, incluido el derecho a la libertad de reunión pacífica".
Miguel Ángel Soto, portavoz de la campaña de Greenpeace, ha declarado por su parte que "la intención del Gobierno para aprobar la Ley de Seguridad Ciudadana no es otra que acallar las voces de la ciudadanía que critican su gestión y sus recortes de derechos básicos. El rechazo de la oposición parlamentaria a la conocida como ?Ley Mordaza? es unánime y es una muestra de que sus maquillados argumentos no son creíbles. Ni existe demanda ciudadana, ni los datos oficiales corroboran su necesidad. Esta ley no debe ver la luz."
Este proyecto, que viene de la mano de la reforma del Código Penal, dejará sin amparo judicial a numerosos casos de protesta pacífica y los someterá al arbitrio de la administración, que podrá imponer cuantiosas multas. Si los afectados optan por recurrir la demanda ante el juez, tendrán además que pagar las tasas judiciales establecidas por la nueva Ley de Tasas, aprobada en 2013.
"Más que por la seguridad ciudadana, el Gobierno quiere convertir las contestaciones sociales a sus controvertidas reformas en objetos de sanción. Es toda una carga contra los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión, similar a la de gobiernos autoritarios", ha concluido Soto.
Los grupos parlamentarios defenderán sus enmiendas a la totalidad el próximo 16 de octubre en el Congreso de los Diputados.