En su informe Amazonia, una crisis silenciosa, Greenpeace ha investigado toda la cadena que va desde la corta de los árboles en la selva hasta la exportación de la madera aserrada, y los documentos requeridos en cada fase de este proceso. Se han identificado diferentes ilegalidades, como la sobreestimación del número de especies de alto valor económico en las concesiones forestales, la falsificación de todo tipo de documentación en la cadena de custodia, la solicitud de permisos de explotación forestal en áreas ya deforestadas, etc., todo con el fin de vender la madera de origen desconocido con documentos oficiales.
El caos y la corrupción en el sistema de control está estimulada por la demanda internacional de especies valiosas como el Ipé. Para suplir esta demanda de alto valor económico, los madereros tienen que explorar extensas zonas de selva tropical, degradando la selva y abriendo el camino a las actividades agroganaderas de los colonos. La demanda de Ipé está acelerando la deforestación en esta región.
"No hay garantías de que la madera tropical amazónica que se vende en Europa o EE.UU. tenga orígenes legales. El sistema de control que se supone que debería evitar que la madera ilegal entre en el mercado falla estrepitosamente", ha declarado Miguel Ángel Soto, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace España.
El informe de Greenpeace ha expuesto, mediante varios casos de estudios, cómo el sistema de control de la madera no funciona debido a la corrupción y cómo la documentación oficial geolocalizada pone en evidencia que se está produciendo explotación forestal en áreas no autorizadas.
"Debido al grave problema de la falta de gobernanza, la actividad forestal en la Amazonia está sirviendo de punta de lanza para abrir la selva intacta a nuevas formas de colonización, como la ganadería y la agricultura. Además, la tala ilegal generalizada está asociada a graves conflictos sociales, utilización de trabajo forzado, violación de los derechos humanos y asesinatos de líderes comunitarios", ha añadido Soto
La madera sin garantías de legalidad procedente de Brasil no debería poder entrar en la Unión Europea. Desde marzo de 2013 está en vigor en toda la Unión Europea un Reglamento de Madera (European Union Timber Regulation, EUTR), que obliga a las empresas a disponer de un sistema de evaluación y control de proveedores que asegure, primero, la trazabilidad de toda la cadena de suministro de la madera y, segundo, evite la comercialización dentro de las fronteras europeas de madera que proceda de incumplimientos de las legislación en sus países de procedencia.
En España, y pese a haber transcurrido más de un año desde su entrada en vigor, los responsables del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) no han considerado urgente desarrollar las normas legislativas necesarias para incorporar esta normativa europea a la legislación nacional.
"Gracias al exministro Arias Cañete, que debería haber establecido la normativa con la metodología para controlar la actividad del sector importador de madera, hoy en día no existen impedimentos para que la madera procedente de la tala ilegal en la Amazonia pueda entrar por los puertos españoles", ha denunciado Soto.
Greenpeace también solicita al Gobierno brasileño que tome medidas urgentes para reformar el sistema de control de la gestión forestal y el transporte de madera, así como revisar todas las autorizaciones de tala concedidas desde 2006.
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