Desde 2004, las exportaciones autorizadas se han multiplicado por diez. Según el Gobierno, el importante aumento en 2013 se debe al «peso específico» de las transferencias a Arabia Saudí, Australia y Emiratos Árabes Unidos, por valor de 1.732,5 millones de euros, un 44,5% del total en ese año, según el informe de la Secretaría de Estado de Comercio remitido al Congreso el 26 de mayo.
Según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), España ocupó el séptimo puesto en la lista de los diez principales exportadores de armas entre 2009 y 2013, con un 3% del mercado global, tras EE. UU., Rusia, Alemania, China, Francia y el Reino Unido y por delante de Ucrania, Italia e Israel.
En un análisis preliminar de los datos de exportaciones de armas de 2013, Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón señalan una serie de preocupaciones relacionadas con el informe del Gobierno.
«Nos tememos que la política de promoción de las exportaciones de armas del Gobierno español, con una intensa agenda internacional de las autoridades españolas, está afectando negativamente el control de estas operaciones y que se lleven a cabo operaciones cuando exista un riesgo claro de que el material exportado se use para cometer o facilitar violaciones graves de los derechos humanos», ha señalado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional.
“Las ventas de armas se realizaron en un contexto de clara tensión entre las limitaciones que establece la Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso y la voluntad del Gobierno de incrementar las ventas en el exterior”, señaló Mario Rodríguez, director de Greenpeace.
Según cifras oficiales, las exportaciones españolas de material de defensa realizadas entre 2003 y 2012 oscilaron entre los 383 millones de euros en 2003 y los 4.321 millones en 2013. Destaca el escaso número de licencias de material de defensa denegadas, menos del 0,7% de las tramitadas (11 frente a 1.608), así como solo el 1,9% de las licencias tramitadas de material antidisturbios y armas de caza y tiro deportivo fueron denegadas (9 de 470).
“El desafío del Gobierno y el parlamento españoles es garantizar que sus exportaciones de armas, tanto las autorizadas como las realizadas, respetan escrupulosamente las disposiciones del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), ratificado por España en 2013, y las de la Ley española 53/2007”, manifestó Jose Maria Vera, director general de Oxfam Intermón.
“Las ONG, añade Jordi Armadans, director de FundiPau, hemos pedido al Gobierno y a los partidos políticos que modifiquen la legislación española sobre exportaciones de armas y la adapten a la “Regla de Oro” del TCA, que supone la no autorización de transferencias de armas para cometer atrocidades.”
Finalmente, las ONG valoramos positivamente el informe detallado del Gobierno remitido al Congreso, que incluye información sobre algunas de las operaciones y describe el tipo de producto exportado o autorizado en el que destaca la aplicación del enfoque preventivo para rechazar las autorizaciones, como los casos de de las denegaciones a Guinea Bissau, República Centroafricana, y las suspensiones de licencias a Egipto o Venezuela, si existen dudas sobre el destinatario o uso final de los productos, la situación interna o el respeto a los derechos humanos en el país de destino.
Se mantienen algunas tendencias y elementos preocupantes reseñados en años anteriores
En 2013 se autorizaron o realizaron operaciones preocupantes con diversos países, debido a la naturaleza del material exportado y/o al riesgo de que este pueda ser usado para cometer o facilitar graves violaciones de derechos humanos. Entre estas operaciones figuran:
Las exportaciones de material de defensa a Arabia Saudí, que superaron los 406 millones de euros. Las ONG reiteran su preocupación ante la posible venta a este país de 250 carros de combate Leopard, una operación que cuenta con la oposición del Gobierno alemán, pero que podría haberse reavivado tras la reciente visita del Gobierno español a diversos países del Golfo Pérsico.
La venta de aviones de transporte, la munición de artillería y obuses a Colombia, susceptible de ser utilizado para cometer o facilitar la comisión de graves violaciones de derechos humanos.
La donación de cartuchos lacrimógenos para la policía de Egipto en 2013. Las ONG valoran positivamente la suspensión cautelar de licencias individuales que podían tener un uso en la represión interna, incluidas pistolas, escopetas de caza, repuestos para ametralladoras y equipos antidisturbios no letales y hacen una serie de recomendaciones detalladas al Gobierno para mantener dicha suspensión hasta que las autoridades egipcias establezcan las salvaguardias para impedir que las fuerzas de seguridad cometan nuevas violaciones de derechos humanos.
La venta de material de defensa a EE. UU. sin que existan suficientes garantías de que las armas exportadas no terminen utilizándose en estos los conflictos armados en los que está implicado este país y el riesgo real de que puedan ser utilizadas para la comisión de delitos.
Las exportaciones de armas de caza y tiro deportivo a Ghana, un país ubicado en una zona de fuerte inestabilidad, con varios países de su entorno en situación de conflicto o postconflicto.
Las exportaciones de material de defensa a Pakistán por valor de 4 millones de euros, una cuarta parte de ellos de aeronaves, con destino a las fuerzas armadas.
La donación de cartuchos y botes lacrimógenos a la policía de Túnez, pese a las nuevas denuncias de tortura y otros malos tratos a manos de la policía, que utilizó también fuerza excesiva contra manifestantes.
La autorización de exportaciones de material antidisturbios a las fuerzas armadas y la policía de Venezuela por valor de más de 3,2 millones € y las exportaciones realizadas de material antidisturbios por casi 800.000 €. El 3 de abril de 2014 el Gobierno español suspendió cautelarmente y por tiempo indefinido la exportación de material antidisturbios a Venezuela