Greenpeace envía al Consejo de Estado sus alegaciones al anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana

Asimismo, Greenpeace ha recordado al Consejo de Estado que el texto vulnera convenios internacionales como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Declaración Internacional de los Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.

"La exposición de motivos de la ley está plagada de aseveraciones respecto a los daños, molestias y alteraciones que supone la movilización social", ha declarado José Manuel Marraco, abogado de Greenpeace España. "El Gobierno se ha olvidado de que la Constitución Española garantiza el derecho de expresión y de reunión y manifestación".


Las principales críticas de Greenpeace al anteproyecto de ley son:

• Hipertrofia preventiva y una concepción maximalista y arbitraria del riesgo. Existe una interpretación incorrecta de la seguridad ciudadana en la mera vulneración de normas del ordenamiento jurídico, pues la infracción de tales normas, mientras no supongan un peligro para personas, bienes o la tranquilidad y el orden ciudadano, no serían justificantes de intervención.
  
  
• Falta de garantía en el procedimiento sancionador. El anteproyecto pretende otorgar a las autoridades administrativas potestad discrecional e ilimitada para prohibir, restringir y ordenar la finalización de cualquier acto público. No solo se ha diseñado un procedimiento sancionador especialmente poco garantista, sino que además se otorgan demasiadas facultades preventivas a las fuerzas de seguridad.
  
  
• Aumento del poder sancionador del estado en contra las garantías judiciales. El Gobierno sostiene que la despenalización de determinadas conductas en el Código Penal -que pasan a ser infracciones en la Ley de Seguridad Ciudadana- traería consigo la rebaja sancionadora de las mismas; sin embargo, el anteproyecto elimina el control judicial previo para dar todo el poder sancionador a la autoridad administrativa, dependiente del poder político. Además, la recién aprobada Ley de Tasas impone una tasa para recurrir a posteriori una sanción económica por la vía contencioso administrativa.
  
  
• Régimen sancionador desproporcionado. El procedimiento de cuantificación y graduación de las sanciones resulta cuando menos contrario al principio de culpabilidad, en cuanto no existe graduación atendiendo al grado de responsabilidad en los hechos sancionados de la persona infractora.

"La Ley de Seguridad Ciudadana quiere hacer de la contestación ciudadana el objeto de sanción", ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace. "Con esta reforma los ciudadanos perdemos nuestras garantías de tutela judicial y en el futuro seremos más y más severamente castigados por ejercer nuestros derechos".
 
El pasado 10 de junio Maina Kiai, relator de Naciones Unidas sobre libertad de reunión, hizo público un informe sobre el Proyecto de Ley de reforma del Código Penal y el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, donde apunta a una "vulneración de la propia esencia del derecho de manifestación" y la penalización de un "un amplio número de conductas inherentes al propio ejercicio de este derecho fundamental", con lo que en su opinión se origina una "importante limitación en el ejercicio del mismo". El relator insta al Gobierno a asumir su compromiso de "garantizar el goce efectivo de este derecho fundamental" y a considerar una "profunda revisión de ambos proyectos".

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