Comunicado de prensa - febrero 6, 2014
Greenpeace se ha sumado a las organizaciones sociales y políticas de Asturias en defensa de un modelo de desarrollo económico sostenible y no especulativo mediante la presentación de alegaciones al nuevo proyecto y Estudio de Impacto Ambiental de Asturgold S.A., en Salave y alrededores, así como al permiso de investigación solicitado por Sondeos y Estudios Mineros S.L. en los concejos de Boal y El Franco, ambos en el occidente asturiano.
En sus alegaciones, Greenpeace sostiene que la tramitación de estos proyectos no cumple con los requisitos legales establecidos en la legislación vigente: no se respetan las fases de consultas previas, la documentación aportada por las empresas no incluye contenidos mínimos, los inventarios ambientales son insuficientes y, en el caso de Asturgold, la nueva alternativa elegida supone una modificación del proyecto y del Estudio de Impacto Ambiental previamente presentados, lo que según la ley obligaría a comenzar un nuevo procedimiento.
"El espejismo de este nuevo boom minero está convirtiendo la ley en papel mojado. Las empresas ya ni se molestan en cumplir la legislación vigente", ha declarado Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña Bosques de Greenpeace España. "Pero la falta de solvencia económica de las empresas mineras y la gran inestabilidad del mercado internacional de metales, como el oro, sujeto a movimientos especulativos y los vaivenes de la economía mundial, bastarían para que el Principado de Asturias no aceptara estos proyectos de alto riesgo".
Además de los impactos sobre los recursos naturales, Greenpeace cree que este modelo minero basado en la utilización de grandes cantidades de sustancias altamente tóxicas, como el cianuro, conlleva riesgos demasiado elevados para el medio ambiente y la población. A su vez, la minería a cielo abierto, con voladuras y enormes cantidades de residuos generados en forma de lodos y escombros, hacen que este modelo extractivo resulte incompatible con las actividades agrícolas y forestales.
"Greenpeace rechaza este modelo extractivo y recordamos a los responsables del Principado de Asturias que el Parlamento Europeo recomendó en 2010 la prohibición total en la Unión Europea del uso de la minería basada en la tecnología de cianuro antes de finales de 2011", ha señalado Soto.
La resolución del Parlamento Europeo también pide a la Comisión y a los Estados miembros que no presten apoyo, de forma directa o indirecta, a ningún proyecto minero en la UE en el que se empleen tecnologías a base de cianuro, hasta que sea aplicable la prohibición general, y que no respalden proyectos de esas características en terceros países. En respuesta a esta demanda, algunos países de la UE como Alemania, Hungría y la República Checa han incorporado a su legislación la prohibición del uso de cianuro en la minería.