Comunicado de prensa - junio 25, 2013
Greenpeace ha presentado sus alegaciones ante el Ministerio de Industria en relación a la declaración de cese de explotación definitivo de la central nuclear de Garoña con la intención de que el cierre de la planta sea definitivo e irreversible debido a sus grandes deficiencias en seguridad.
Hasta el momento, Nuclear, la empresa propietaria de la instalación perteneciente al 50% a Endesa e Iberdrola, ha alegado que solicitaba su cierre debido a los altos impuestos del Gobierno, aunque la realidad es que no está dispuesta a realizar las inversiones en seguridad que le exige el Consejo de Seguridad Nuclear, por lo tanto solo a través de una "peligrosa estratagema" política por parte del ministro Soria la planta podrá eludir las mejoras de seguridad, en el caso de solicitud de una nueva licencia de explotación.
El pasado 19 de junio el ministro de Industria, José Manuel Soria, en el Congreso de los Diputados, constataba el proceso de declaración de cierre definitivo de Garoña el próximo 6 de julio. El Ministerio de Industria había dado el trámite de audiencia, establecido por la ley, a los interesados como es el caso de Greenpeace que hoy ha formulado sus alegaciones.
"El cierre de Garoña debe ser definitivo y obligatorio porque así lo dice el CSN y así lo solicitan los dueños (Endesa e Iberdrola). Los motivos económicos a los que alude Soria en sus declaraciones son de índole privada y él no puede hacerlos prevalecer sobre el interés público, la seguridad jurídica, y la seguridad nuclear", ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.
La organización ecologista destaca de las alegaciones presentadas hoy ante el Ministerio de Industria lo siguiente:
El interés público y la seguridad jurídica. Las actuaciones en materia nuclear responden a razones de interés público y no pueden estar condicionadas por motivos económicos particulares, ya que afectan tanto al medio ambiente como al modelo de desarrollo. El principio de seguridad jurídica lleva implícita la previsibilidad y la estabilidad de las decisiones adoptadas, y las administraciones públicas están obligadas a respetar estos principios.
La declaración de cese definitivo. Tanto el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) como el titular (Nuclenor) están solicitando un cese definitivo de explotación y no existe ningún reglamento o disposición que avale ninguna otra situación ni posibilidad. Por lo que esta declaración de cierre es definitiva, y no puede ser revocada en ningún caso.
Las vulneraciones de la legalidad. El titular ha vulnerado los plazos marcados por la ley en este procedimiento de declaración de cese de explotación y el Ministerio de Industria lo ha permitido y apoyado.
Los motivos económicos alegados son falsos. Nuclenor dice que las repercusiones económicas debidas a los nuevos impuestos eran el motivo de la solicitud del cese de explotación y, posteriormente, ha pedido licencia para operar sin potencia, es decir sin obtener ingresos. La diferencia entre la situación de funcionamiento y parada es que en la primera el CSN exige inversiones en seguridad y en la situación de parada no, por ello si tienen que invertir en seguridad quiebran. Por lo tanto los verdaderos motivos económicos son que únicamente con sus ingresos no pueden hacer frente a las inversiones en seguridad.
El cierre es obligatorio. Debido a que no se ha mantenido el programa de inversiones previsto, ni las modificaciones de diseño asociadas a las mejoras a implantar derivadas del accidente de la central nuclear de Fukushima. Esto inhabilita a esta instalación para que pueda acogerse con carácter retroactivo a unas instrucciones técnicas cuyo periodo de cumplimiento ya ha sido sobrepasado.
"Garoña ha demostrado que no es necesaria para producir la electricidad que consume España, ni hace que esta sea más barata. Es una central nuclear muy vieja que ya no da beneficios ni a sus dueños, y es muy peligroso que el Ministro de Industria piense en rescatarla a costa de arriesgar nuestra seguridad", ha concluido Montón