Comunicado de prensa - junio 26, 2012
Greenpeace considera incomprensibles las declaraciones de Pablo Saavedra, director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente donde afirma que "el protocolo (de demolición) no sirve por sí solo" y que es necesario en un futuro esperar a "que sean firmes las resoluciones".
miércoles, 07 de septiembre de 2011
Sin embargo,
ya existe una sentencia firme, dictada hace ya cuatro meses por el Tribunal Supremo, que ratificaba una servidumbre de protección en la playa de
El Algarrobico de 100 metros. Para Greenpeace, el Ejecutivo simplemente evita cumplir sus ineludibles obligaciones.
A esta sentencia sobre la ocupación de la playa se suma otra del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, del pasado mes de junio, sobre la invasión del Parque Natural de Cabo Gata-Níjar, donde el Tribunal expone con rotunda claridad la magnitud de la invasión a la que se refiere en los siguientes términos: "Y si pudiera sobreentenderse que la colación de una enorme masa de ladrillos, como esqueleto de una gran edificación, infringiendo la zona de servidumbre marítimo terrestre, supone de por sí una degradación ambiental, esta situación fática no es debida a la propia evolución natural de la zona, sino que ha sido la consecuencia de una agresiva actuación humana, que ha de ser corregida por otros cauces..."
Esto indica que los tribunales a los que Saavedra apela en sus declaraciones ("que los jueces insten la puesta en marcha la demolición con las resoluciones firmes")
ya han indicando que se ejecute la demolición del hotel y ahora la Administración simplemente debe cumplir con sus obligaciones."Según el director general de Costas, lo único que le corresponde es velar por el cumplimiento de la Ley de Costas y para ello, lo que debe hacer es actuar por imperativo legal y proceder, sin más escusas, a la demolición del hotel ilegal", ha afirmado Pilar Marcos, responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace.
En el protocolo de demolición de El Algarrobico,
publicado en el BOE número 293, de seis de diciembre de 2011, la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado se comprometieron a adoptar un plan de actuación conjunto, con un acuerdo de cofinanciación y desarrollar el protocolo de recuperación de la playa de El Algarrobico a través de convenios específicos.
Por último, y a pesar de las declaraciones del director general el Estado sí que tiene presupuesto para ejecutar su demolición mediante la partida asignada a su dirección en materia de
"actuaciones en la costa" que van encaminadas a la gestión del dominio público y que ya tiene una dotación presupuestaria. Por tanto, el Ministerio debería considerar esta actuación como prioritaria como ejemplo
de que no se van a permitir más barbaridades en el litoral y que se puede revertir el modelo de destrucción y de burbuja inmobiliaria.