Greenpeace denuncia la ofuscación del Gobierno con la aprobación de su proyecto de Ley de Costas

Mañana 13 de diciembre a las 9:30 h. el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, estará en el Congreso de los Diputados defendiendo su proyecto de reforma de Ley de Costas. Un proyecto que es rechazado por una amplia representación de grupos políticos en el Congreso de los diputados que han recogido buena parte de la propuesta de enmienda a la totalidad que presentó Greenpeace (1).

Los partidos políticos piden en sus enmiendas a la totalidad que sea retirada y devuelta al Gobierno para buscar el consenso con el resto de grupos parlamentarios, organizaciones sociales y ecologistas de forma que se elabore una reforma integral acorde con el concepto de dominio público marítimo terrestre y la conservación del litoral.

Es un proyecto que además del rechazo de la mayor parte del arco político, tampoco cuenta con el apoyo social, ni de sindicatos, ni de científicos, ni de juristas. Muchos de ellos están englobados en la plataforma No a nuestra costa, en defensa de la antigua Ley de Costas, que aúna a más de 200 organizaciones (2). 

"El proyecto de reforma de Ley de Costas responde a un empeño del Gobierno de disponer una ley no ambiental sino urbanística de cara a resolver amnistías a aquellos que especularon sobre terreno público y además abre la puerta a nuevos proyectos urbanísticos e industriales en la costa", ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.

El proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas parte de una realidad totalmente errónea sobre el número de afectados por la anterior Ley de Costas, sin aportar estadísticas reales que respalden la modificación de la Ley.

El texto hace referencias constantes a la arbitrariedad en la aplicación de la anterior Ley, pero sin realizar iniciativa alguna que exija responsabilidades por ello. Bajo la apariencia de protección de la costa, la ley contempla que gran parte de las medidas adoptadas tienen su fundamento en razones puramente económicas e incompatibles con la protección del litoral. Se amplían sin justificación alguna las concesiones a 75 años, lo que implica hipotecar a muy largo plazo una parte muy significativa del dominio público marítimo terrestre.

Para Greenpeace, la reforma de la Ley de Costas es un engaño y un retroceso de la protección de las garantías de uso público y conservación del litoral.

Notas:
(1) Propuesta de enmienda a la totalidad del proyecto de Ley de Costas (PDF)

(2) Plataforma en defensa de la Ley de Costas