Greenpeace exige mayores medios para la investigación y persecución de incendiarios y pirómanos

“La vía penal no debe ser ni la única ni la principal herramienta para prevenir el problema de los incendios forestales, pero resulta fundamental para frenar la criminalidad que estamos viendo este verano” ha declarado Miguel Ángel Soto, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace España.

La mayor y mejor investigación de las causas ha permitido aumentar el número de encausados, sentencias y condenas por este delito en los últimos años. Según reflejan las memorias de la Fiscalía General del Estado durante el periodo 2007-2010 (la memoria de 2011 no está disponible), en los últimos años se ha condenado por provocar incendios forestales a una media anual de 88 responsables (1). Esta cifra supone que solo son condenados menos del 1 % de los responsables de los incendios forestales en España.

A pesar de que, en los últimos años, la acción de la Fiscalía General del Estado, y en especial la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, ha sido fundamental para la prevención, investigación y detención de los autores de incendios forestales, lo que está ocurriendo este verano demuestra que no es suficiente.

A la luz del problema, y por la alta criminalidad existente, Greenpeace demanda:

• Dotar a los fiscales de medios suficientes, con peritos especializados, para realizar todas las investigaciones pertinentes y evitar que los casos acaben siendo sobreseídos por falta de pruebas y que los culpables, por tanto, queden en libertad.


• Reforzar el papel de las fiscalías de Medio Ambiente en la función preventiva en coordinación con las autoridades administrativas.



• Reformar el Código Penal para que se considere punible cualquier imprudencia (sea o no grave), se endurezcan las sanciones a las personas jurídicas y se eliminen los juicios por jurado para este delito.


• Seguir apelando a la permanente colaboración ciudadana para identificar y poder enjuiciar a los incendiarios.


• Detección, seguimiento y control de la patología de piromanía, diferenciándola claramente de otros comportamientos relacionados con la conflictividad social, el alcoholismo, la toxicomanía o comportamientos antisociales. Los pirómanos deben ser ayudados mediante un internamiento post-delictivo en centros especializados, especialmente en los periodos estivales, cuando su disfunción es más peligrosa socialmente.

“Es fundamental actuar antes de que los incendios se produzcan. Con una apuesta por el sector forestal que se traduzca en inversiones y desarrollo rural” ha señalado Soto. “Cuando tienen que actuar las brigadas de investigación, la Guardia Civil o la Fiscalía ya es demasiado tarde y el desastre ya no tiene remedio”.

Por último, Greenpeace apoya la petición de la Fiscalía de eliminar el sistema de juicio con jurado para el delito de incendio forestal. La experiencia de los juicios con jurado, lenta y costosa, ha sido además muy mala en diversos casos de incendiarios absueltos por incendios forestales reiterados.

El caso más cercano es la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Madrid de noviembre de 2007, en la que se absolvió a un presunto incendiario que había provocado 14 fuegos en el término municipal de Galapagar (Madrid) durante el verano de 2005.

Un jurado popular decidió la absolución del presunto culpable pese a que en el maletero de su coche fueron encontrados gasolina, disolventes, ocho mecheros, varias cajas de cerillas de madera y un catalejo; y en la guantera y dentro de una bolsa de plástico, cuatro mechas anudadas a cerillas y dos cajas de cerillas de donde salían mechas, todas ellas dispuestas para ser utilizadas.

En su vivienda se hallaron gasolina, bengalas, pastillas para encender fuego y mapas y cartografía de la zona incendiada. Según recoge la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2007, la Fiscalía de Madrid se mostró crítica con el sistema de jurado en este juicio, ya que a la complejidad añadida de la instrucción y el volumen de la prueba testifical y pericial, se unió la complejidad de la valoración de la prueba de indicios para un tribunal no formado. Casos similares se han producido en juicios con jurado en Lugo.


Nota:
(1) Elaboración a partir de los datos del MAGRAMA y las Memorias de la Fiscalía General del Estado de 2007-2010