jueves, 26 de abril de 2012
Para presentar la denuncia,
activistas de Greenpeace México llevaron ayer a la sede de SEMARNAT más de dos toneladas y media de estiércol, para recordar al Gobierno mexicando que “algo huele mal” en esa administración y cuestionar la falta de transparencia y legalidad en su actuación en el caso Cabo Cortés.
El Ministerio de Medio Ambiente de México se ha declarado incompetente para cancelar el proyecto, ante las solicitudes realizadas en el sentido de que se cancele su autorización de impacto ambiental. Pese a que la empresa española Hansa Urbana y el proyecto no cumplieron con los condicionantes establecidos en esa autorización, el organismo gubernamental decidió ampliar los plazos para que pudieran intentar solventar esas irregularidades.
“El mega proyecto turístico Cabo Cortés, que inició la empresa Hansa Urbana para luego pasar a manos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, y muy pronto del Banco Sabadell, es una amenaza muy grave para la reserva marina de
Cabo Pulmo, uno de los espacios protegidos más destacados y con mejor recuperación del mundo. Las autoridades mexicanas deberían preocuparse más del bienestar de su medio ambiente y de su población, y menos por intereses particulares”, ha declarado Mabel González, de Greenpeace España.
Precisamente Greenpeace tiene en marcha una campaña de votaciones en la que pide a la opinión pública mexicana e internacional apoyo para salvar Cabo Pulmo de los intereses de empresas privadas españolas. La web
www.salvemoscabopulmo.org ha sobrepasado ya los 146.000 votos demandando al gobierno mexicano la cancelación del proyecto.
La respuesta emitida por Alfonso Flores Ramírez, titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) del Ministerio,
a la solicitud de extinción señala que: “…está unidad administrativa se encuentra imposibilitada jurídicamente para poder cancelar definitivamente el proyecto de mérito tal y como lo solicitan (sic), ya que como se señaló con anterioridad, la Autoridad solo puede actuar dentro de las atribuciones que tiene conferidas, por lo que el régimen de facultades son limitadas y expresas a esta DGIRA, de manera que, aún y cuando no haya precepto legal que prohíba a alguna autoridad hacer determinada cosa, ésta no puede llevarla a cabo, si no es mediante disposición legal expresa que la faculte…”(2)
jueves, 26 de abril de 2012
Para Greenpeace, o Alfonso Flores Ramírez no conoce sus atribuciones o se niega a ejecutarlas. El Reglamento Interno del Ministerio precisa en su artículo 19 que dentro de las facultades genéricas de los Directores Generales de dicha entidad federal está la de: "...resolver asuntos sobre autorizaciones, licencias, permisos, cesión de derechos y obligaciones, registros y demás actos relativos a sus atribuciones (y la de atraer para su resolución los expedientes administrativos relativos al otorgamiento, modificación, prórroga, revocación, suspensión, anulación, declaración de nulidad, ineficacia y extinción, parcial o total de los permisos, licencias y autorizaciones… ".
El artículo 27 del mismo reglamento contempla
como facultades específicas del director general de Impacto y Riesgo Ambiental las siguientes:
- “I.- La aplicación de la política general sobre impacto y riesgo ambiental, así como en su formulación con las unidades competentes de la Secretaría (...).
- III.- Modificar, simplificar, anular, modificar y revocar las autorizaciones en materia de impacto ambiental y analizar, en su caso, los estudios de riesgo respectivos”.
“Es inadmisible que se declare incompetente y que con esta simplista e infundada argumentación, el Ministerio pretenda dar por atendida la solicitud para cancelar Cabo Cortés y dar por concluido un asunto de gran relevancia ambiental. Por eso, representantes de la comunidad de Cabo Pulmo y Greenpeace estamos presentando una denuncia en contra de Alfonso Flores Ramírez para que se investigue y sancione al funcionario”, ha afirmado Alejandro Olivera, responsable de Océanos y Costas de Greenpeace México.
jueves, 26 de abril de 2012
La conducta desplegada por el servidor público viola además el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal, en el que se señala que “al asumir su cargo, el servidor público manifiesta su compromiso y vocación para atender los asuntos que interesan y afectan a la sociedad, adquiriendo al mismo tiempo una responsabilidad por sus actos que se refleja en la satisfacción de las necesidades colectivas, además de que le impone el deber de actuar en beneficio del bien común, con imparcialidad, justicia y respeto al entorno cultural y ecológico”.
La respuesta de Alfonso Flores Ramírez supone un claro incumplimiento de las disposiciones legales establecidas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su Reglamento en Materia de Impacto Ambiental, y también de las políticas y principios democráticos de protección al medio ambiente y del interés público por encima del interés particular.
Cabo Cortés es un proyecto presentado por la empresa española Hansa Urbana y actualmente propiedad de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que está a punto de ser absorbida por el Banco Sabadell. Aprobado en 2008, pretende construir más de 27.000 habitaciones de hotel, campos de golf, puerto deportivo y otras infraestructuras. Se trata de una capacidad habitacional casi igual a la de todo Cancún, planeada en una zona semidesértica que tradicionalmente ha tenido muy escasa población. El proyecto pone en grave riesgo el Parque Nacional de Cabo Pulmo, un arrecife coralino protegido desde 1995, y declarado por la UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad. Se trata de uno de los arrecifes con mayor cobertura coralina de todo el Golfo de California.