Por este motivo, dichas organizaciones recuerdan al Gobierno las tres proposiciones de ley que ya presentaron sobre movilidad sostenible, fiscalidad ambiental, y ahorro y eficiencia energética, que permitirían lograr un mayor ahorro energético.
CC OO, Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF España valoran positivamente algunas de las medidas que está adoptando o piensa adoptar el Gobierno para reducir el consumo energético. Las organizaciones se refieren a la reducción de la velocidad en autovías y autopistas a
110 km/h, que no solo permitirá ahorrar petróleo, sino que reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero, disminuirá también las de gases tóxicos para nuestra salud y el ruido y disminuirá la siniestralidad. También aprueban la reducción de la iluminación en determinadas vías, o la propuesta de reducir la velocidad a 30 km/h en zonas residenciales.
Sin embargo,
consideran que estas medidas adolecen de ambición y de la necesaria continuidad
–se plantean en algún caso como coyunturales– para conseguir una reducción significativa de la factura energética. La disminución del consumo de energía que se necesita para reducir nuestra dependencia energética sólo será posible si se desarrolla un conjunto de medidas ambiciosas que prolonguen sus efectos a medio y largo plazo y que sean profundas y trasversales en todas las áreas de decisión política (normativa, fiscal, económica…).
Por ello, estas organizaciones recuerdan
al Gobierno tres iniciativas legislativas que ya propusieron en su día y que, de llevarse a la práctica, supondrían una reducción significativa y permanente del consumo energético de los ciudadanos.
La propuesta de Ley de Movilidad Sostenible resulta un instrumento necesario –y un compromiso del Gobierno desde la anterior legislatura– que permitiría impulsar y planificar la movilidad sostenible en las áreas metropolitanas, municipales, así como en el ámbito de las empresas y polígonos industriales y grandes centros de actividad. Esto se lograría fijando las medidas más adecuadas para fomentar el transporte público y colectivo y los medios de transporte de bajo impacto.
Con respecto a la propuesta de Ley de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía presentada por estas organizaciones, se incluye un conjunto de medidas contundentes para frenar el continuo crecimiento del consumo de energía en nuestro país y crear un marco legal que fomente una cultura energética basada en el ahorro,
el uso de tecnologías más eficientes y las fuentes de energía renovables. La proposición establece un objetivo uniforme de ahorro en el consumo total de energía a nivel nacional de, al menos, un
20% en 2020 con respecto a 2005. Para ello se incluyen medidas de gestión de la demanda, la eliminación de las tecnologías obsoletas, auditorías energéticas, criterios de eficiencia energética en la planificación territorial y en la construcción, así como que los precios y las tarifas eléctricas internalicen los costes sociales y ambientales. Por último, se propone que las Administraciones Públicas cuenten con un plan de ahorro y eficiencia energética en sus propias instalaciones.
En lo referido a la Ley sobre Fiscalidad Ambiental, el propósito es sentar las bases para estimular un cambio de modelo productivo donde no quepa el uso despilfarrador de recursos y energía. Para lograrlo, las organizaciones proponen la introducción de nuevos impuestos o la modificación de algunos ya existentes referidos a materias energéticas, como la energía nuclear y la incineración de residuos, o los de hidrocarburos, matriculación, impuesto de sociedades, IRPF e IVA, así como respecto de los tipos del IBI, el impuesto de circulación, o el de construcciones, instalaciones y obras. Algunas de estas modificaciones afectan también al transporte, la edificación y el urbanismo, y su finalidad es el ahorro de energía.