Comunicado de prensa - abril 8, 2011
El pasado miércoles 6 de abril, el Gobierno central, el Ejecutivo vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Autoridad Portuaria de Pasaia (APP) firmaron en Madrid un acuerdo que les compromete a abordar, en diferentes fases y en función de su competencia, las obras para revitalizar la bahía de Pasaia.
Costa de Pasaia (Guipuzcoa)
Greenpeace está estudiando si dicho acuerdo es conforme a derecho y no descarta acciones jurídicas al firmarse un protocolo que contempla como hecho consumado la ejecución de la infraestructura sin el preceptivo informe de evaluación ambiental.
A pesar de que se han recibido más de 8.000 alegaciones en contra del puerto exterior, recogidas por la Plataforma Jaizkibel Bizirik, el acuerdo da por hecho que se construirá el puerto y no contempla que es posible la Alternativa 0, es decir la reordenación de la actual superficie portuaria para la regeneración de la bahía.
En el acuerdo entre ambos gobiernos, paralelo al apoyo del PNV al PSOE en el Parlamento sobre los presupuestos Generales del Estado, se menciona que el “Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Pasaia que actualmente está en fase de evaluación ambiental para su aprobación definitiva”, sin analizar ni siquiera que esta evaluación ambiental puede rechazar la alternativa de construcción del puerto.
La propia Consejería de Medio Ambiente del Gobierno vasco ha considerado que la APP “no hace una adecuada evaluación”, como exigen las directivas europeas de protección al medio ambiente de los impactos contra el monte Jaizkibel que es parte de la Red Natura 2000 europea que distingue a los espacios más valiosos por sus características medio ambientales de todo el continente europeo.
Pero además, en las alegaciones que Greenpeace presentó en plazo al Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), la incongruencia del proyecto era tal que no contemplaba las estrategias mundiales de adaptación y evaluación sobre el Cambio Climático y el ISA no contenía ni un estudio de la central térmica/ciclo combinado de carbón y coque, planta de biodiesel, tanques para almacenamiento y expedición de hidrocarburos, cemento y clinker, y tanques para almacenamiento de Gas Natural Licuado (GNL), que se pretenden asentar en el puerto exterior.
La inviabilidad económica de esta infraestructura es tal que en el desarrollo de las fases de ejecución del protocolo se cita que la construcción del puerto exterior irá “acompasada a la demanda de suelo residencial y de actividades económicas en el interior de la bahía, a la evolución de los tráficos portuarios, y en especial, a la existencia de compromisos firmes de implantación de actividades portuarias, entre ella de generación de energía y graneles líquidos en el nuevo puerto que contribuyan a la financiación de las infraestructuras del nuevo puerto”. Esto ratifica que el puerto no tiene justificación económica y que tiene su principal razón de ser en el asentamiento de instalaciones energéticas contaminantes ya que el tráfico principal del puerto será carbón para la central térmica.
“En un Estado de Derecho, la normativa ambiental prima sobre las autorizaciones de infraestructuras. Estamos siendo partícipes de una política de hechos consumados, encaminados a construir sí o sí la dársena exterior sobre un Espacio Natural Protegido sin la preceptiva autorización ambiental”, ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace. “Además esta política de hechos consumados se refleja en el coste ambiental de un pacto político entre el PSOE y PNV que una vez más sitúa al presidente de la Autoridad Portuaria en las listas del PSOE de cara a las elecciones municipales”, ha concluido Marcos.