Comunicado de prensa - abril 1, 2011
Greenpeace pide al Gobierno español y a los grupos políticos que tengan en cuenta los costes por daños a la salud y al medio ambiente del accidente en la central nuclear de Fukushima –que se estiman en más de 96.000 millones de euros– y aprueben un régimen de responsabilidad civil ilimitada en caso de accidente nuclear.
El Parlamento tramita un proyecto de ley que limita a 1.200 millones la responsabilidad de las eléctricas por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos, lo que supone que, si en España ocurriera un accidente similar al de Japón, los ciudadanos españoles tendrían que pagar 80 euros por cada euro que pagasen las propietarias de las plantas atómicas.
Este proyecto de ley fue aprobado ayer por la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados y deberá ser enviado al Senado en fechas próximas.
Greenpeace considera que las compañías que hacen su negocio con la energía nuclear deberían asumir íntegramente, sin límite de cantidad ni de tiempo, todos los costes que puedan producir sus instalaciones, sea funcionando con normalidad o en caso de accidente. Dichos costes no deberían de ninguna forma imputarse a los ciudadanos que sufran las consecuencias de la radiactividad, ni a través de las facturas de la luz ni a través de sus impuestos.
"La lección económica de Fukushima es que la supuestamente energía barata nuclear provoca daños multimillonarios. Si un accidente puede costar 96.000 millones y las eléctricas solo tendrían que pagar 1.200, ¿quién paga el resto?", ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña de Nuclear de Greenpeace. “Eximir a las eléctricas de la mayor parte de sus responsabilidades económicas supone regalarles una subvención monumental”.