Comunicado de prensa - septiembre 3, 2004
Greenpeace valora positivamente la aprobación del Plan Nacional de Asignación (PNA) de derechos de emisión ya que, a pesar de que podría haber sido más ambicioso, es coherente con el cumplimiento del Protocolo de Kioto. Para la organización ecologista, el PNA es un plan de mínimos, realista y moderado, que marca una senda clara para que España rompa con la tendencia de aumento de emisiones de CO2 y cumpla el Protocolo de Kioto.
Campaña de Greenpeace para proteger el clima
Así mismo, los ecologistas ven con buenos ojos incorporar la
cogeneración, así como la asignación del 50% de los derechos
reservados a nuevos entrantes para estas instalaciones, dentro del
PNA aunque critican que haya supuesto un ligero aumento del total
de los derechos de emisión concedidos ya que consideran que debería
haber supuesto una reducción de los derechos concedidos al sector
de generación de electricidad.
Entre otros aspectos, Greenpeace valora positivamente que no se
destinen fondos públicos para subvencionar a la empresa privada la
compra de derechos de emisión, que no se permita la agrupación de
instalaciones ("pooling") en el sector eléctrico así como que no se
permita el arrastre de derechos ("banking") asignados para el
2005-2007 al período de obligatorio cumplimiento 2008-2012.
"Es la primera vez que un Gobierno propone un plan coherente con
el cumplimiento de Kioto por parte de España y, aunque podía haber
sido más ambicioso, es urgente que se ponga en marcha" -ha
declarado Emilio Rull, responsable de cambio climático de
Greenpeace- "El PNA marca el cambio de tendencia y debe
interpretarse como un freno al crecimiento insostenible, y como
primer paso hacia la urgente y necesaria reducción de
emisiones".
Greenpeace considera que la reducción de emisiones debería
iniciarse con anterioridad a 2008, para hacerse más gradual. Según
los ecologistas, es posible lograr una mayor reducción de
emisiones, por lo que el plan debería haber sido más exigente para
que esas emisiones se reduzcan con medidas dentro del país, tanto
en los sectores de la Directiva como en los de no Directiva, para
lograr el objetivo de Kioto (+15%) sin depender de los mecanismos
de flexibilidad ni de los sumideros.
En este sentido, Greenpeace opina que el sector eléctrico
debería haber recibido una asignación menor siendo la asignación a
las centrales térmicas proporcional a la electricidad generada y no
a sus emisiones; de lo contrario, se podría favorecer al carbón,
que es el combustible más contaminante. De todas maneras, el PNA
reparte los derechos de emisión hasta el 2007 y los ecologistas
esperan que los derechos que se asignen para el período de
obligatorio cumplimiento de Kioto (2008-2012) sean más
exigentes.
Una vez dado el paso de la aprobación del PNA, los ecologistas
piden al Gobierno que se siga avanzando en esta línea proponiendo
una serie de medidas a llevar a cabo para ayudar a la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero. Entre estas medidas cabe
destacar:
- Consolidar el sistema de primas a las renovables y aprobar una
Ley General de Energías Renovables.
- Dentro del Plan de Acción 2004-2007 sobre eficiencia
energética, deben tener un papel destacado los programas de gestión
de la demanda eléctrica, e incorporar todas las medidas incluidas
en la Estrategia Española para el Cumplimiento del Protocolo de
Kioto que ya se aprobó.
- Asegurar que "mecanismos de Kioto" se usan únicamente en
proyectos de renovables y eficiencia energética.
- Es urgente una reforma fiscal para gravar el derroche de
energía e incentivar su uso eficiente y las energías
renovables.
- Revisión del actual Plan de Infraestructuras de Electricidad y
Gas.
- En el sector transporte, se necesita un Plan de Acción que
incluya medidas como: vincular los programas de renovación de la
flota de vehículos al cumplimiento de niveles de emisión de CO2
cada vez más estrictos, incorporar limitadores físicos de velocidad
en los vehículos, y someter a evaluación ambiental estratégica el
próximo Plan de Infraestructuras y del Transporte.
- Se debe prohibir el uso de HFC en aquellas aplicaciones donde
existan alternativas mejores, como el sector del frío.
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