Variedades autóctonas de maíz mexicano.
Agricultor de Bangladesh enseñando su cosecha ecológica.
Acción de Greenpeace en un campo de maíz transgénico de Zaragoza
Acción de Greenpeace en un campo de maíz transgénico de Zaragoza.
Polinización de colza a través del viento.
Activista de Greenpeace en el ancla del buque Winner cargado de soja transgénica en el Puerto de Málaga.
Acción de Greenpeace en un campo de maíz transgénico de Zaragoza.
En esta carta, respaldada por 66 organizaciones de la sociedad
civil (entre las que se encuentran, por ejemplo, la Federación
Agroalimentaria de CCOO -FEAGRA-, la Sociedad Española de
Agricultura Ecológica -SEAE-, la Asociación de Comités de
Agricultura Ecológica INTERECO, la Confederación Española de
Consumidores y Usuarios -CECU-, Vida Sana , FACUA, ATTAC, la
Assamblea Pagesa de Catalunya, Plataforma Rural o WWF/Adena), se
recuerda que desde 1998, en España se vienen sembrando cada año
miles de hectáreas de maíz modificado genéticamente cuyo cultivo se
realiza en unas condiciones técnicas, administrativas y legales
insatisfactorias, sobresaliendo la absoluta ausencia de regulación
de la responsabilidad en caso de problemas ocasionados por los
transgénicos y la falta de medidas para impedir las
contaminaciones.
Dadas las grandes incertidumbres sobre la seguridad de los
alimentos transgénicos tanto para la salud humana como animal (cada
vez existen más datos científicos que ponen seriamente en duda su
inocuidad) y teniendo en cuenta los impactos cada vez más evidentes
sobre el medio ambiente, esta coalición de organizaciones considera
que el Gobierno presidido por el señor Rodríguez Zapatero debería
adoptar una posición más precavida que proteja a la agricultura y a
los consumidores. Esta petición concuerda con algunos de los
compromisos contraídos por el PSOE.
En particular, las organizaciones firmantes consideran
imprescindible que el Gobierno:
- Tenga en cuenta el rechazo mayoritario de la sociedad
- Tome las medidas oportunas para prohibir el cultivo de
transgénicos mientras no se revisen los mecanismos de aprobación de
OMG y se solventen las numerosas lagunas legales.
- Muestre una clara intención de establecer un régimen que
permita segregar la producción transgénica de la convencional y la
ecológica y llevar a cabo una trazabilidad y un etiquetado que
garanticen libertad de elección a agricultores y consumidores.
- Establezca medidas que garanticen la no contaminación de la
producción agraria no transgénica, permitiendo una agricultura y
una alimentación totalmente libre de OMG.
- Establezca un régimen de responsabilidad en caso de problemas
ocasionados por los OMG.
- Tome las medidas oportunas para retirar del mercado la cosecha
del maíz Bt176 de este año, cultivado ilegalmente según la
normativa europea.
- En el seno de la UE, se oponga a las iniciativas favorables a
una mayor introducción de OMG en el mercado europeo.
Además de ser insuficiente, el marco normativo existente en la
actualidad no se cumple. Por ejemplo, este año se ha permitido la
siembra (y por lo tanto se cosecharán) variedades de maíz Bt 176,
un maíz de la multinacional Syngenta que -según la legislación
europea- debería haber desaparecido del mercado a más tardar el 31
de diciembre de 2004 pero que el Gobierno ha tolerado en 2005 a
pesar de todas las recomendaciones científicas y legales. En cuanto
al resto de variedades autorizadas en España, las Mon 810, este
tipo de maíz no ha pasado por un análisis de riesgo satisfactorio
ni concluyente ni se le exige un seguimiento adecuado y el año que
viene, su cosecha podría resultar ilegal según la normativa
europea.
En el documento se denuncian una serie de aspectos tales como:
se incumple año tras año la obligación de hacer público un registro
de los campos donde se cultivan OMG, registro que debe estar
disponible al público; el seguimiento de los OMG liberados al medio
ambiente que deben realizar las empresas vendedoras de estas
semillas no se ajustan a la legislación europea; no se han puesto
en marcha mecanismos oportunos de trazabilidad, a pesar de que son
obligatorios desde abril de 2004; no se realiza en España una
correcta segregación entre cosechas transgénicas y convencionales
para facilitar el etiquetado y la retirada del mercado en caso de
necesidad. Esta situación está desembocando en graves problemas, y
en particular hace que la contaminación por OMG de la cadena
productiva se esté incrementando.
Desde hace 4 años se han venido produciendo casos de
contaminación por polinización, por inclusión de semillas
transgénicas en lotes de semillas convencionales, por mezcla de
cosechas, por falta de limpieza de máquinas e instalaciones, etc.
Todos los casos tienen en común que pagan las consecuencias los
contaminados en lugar de los contaminadores. Si bien el Gobierno ha
presentado en dos ocasiones Borradores de Reales Decretos que
pretenden regular la llamada "coexistencia" entre cultivos
transgénicos, convencionales y ecológicos, estos textos han sido
rechazados por un amplio grupo de colectivos por considerar que no
permitirían alcanzar los objetivos de no contaminación de la
producción agraria no transgénica, de protección absoluta de las
semillas, de puesta a disposición del público de una información
adecuada sobre el emplazamiento de los campos de cultivos
modificados genéticamente, de asunción de responsabilidad de quien
contamina y la posibilidad de declaración de zonas libres de
transgénicos.
Con respecto a las votaciones sobre OMG en el seno de la UE,
que en estos meses se centran principalmente en la aprobación de
nuevos productos modificados genéticamente para su entrada en el
mercado europeo, si bien el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha dado
algunas señales de cambio (fundamentalmente en los que se refiere
al apoyo a las prohibiciones unilaterales de determinados Estados
Miembro), mientras no se revisen los mecanismos de aprobación de
OMG y la Unión Europea se dote de legislaciones que cubran las
lagunas normativas existentes, España debe oponerse a cualquier
nueva autorización. Es llamativo el hecho de que se tolere en
España el cultivo de variedades cuya prohibición se ha apoyado en
otros países de la UE.