Comunicado de prensa - julio 13, 2005
Greenpeace demanda al Gobierno que obligue a las eléctricas a informar en las facturas, con un formato uniforme, sobre las fuentes de energía empleadas y su impacto ambiental, cumpliendo el mandato de la Ley de Productividad
Etiquetado eléctrico que quiere Greenpeace
Más de 5.000 ciudadanos se han sumado hasta ahora a las
reivindicaciones de la campaña "QUEREMOS SABER... PARA PODER
ELEGIR", exigiendo al Gobierno un etiquetado eléctrico uniforme y
fiable que acabe con el "engaño verde" de las eléctricas.
Greenpeace ha hecho llegar hoy al Ministro de Industria, José
Montilla, las firmas que fueron recogidas por los ecologistas
durante la visita a nuestro país del barco Arctic Sunrise, que se
unen a las de todos aquellos que han estado enviando al Ministro
mensajes de correo electrónico en apoyo de las mismas
reivindicaciones. En total son más de 5.000 ciudadanos que, hartos
de "engaños verdes", exigen recibir la información fiable que
necesitan sobre el impacto ambiental para ejercer su derecho a
elegir las fuentes de energía de la electricidad que compran.
La demanda ciudadana de transparencia en cuanto al origen e
impacto ambiental de la electricidad, a través de un etiquetado
eléctrico uniforme, se une al mandato unánime del Congreso de los
Diputados, que ha aprobado una ley (de impulso a la productividad)
que incluye el etiquetado eléctrico. La ley aprobada obliga al
Gobierno a velar para que todas las compañías eléctricas tengan que
acompañar las facturas de una etiqueta, con un diseño uniforme y
oficial, que indique con claridad el origen de la electricidad
vendida al consumidor y el impacto ambiental producido en su
generación.
"El Gobierno tiene ante sí un mandato legal que cumplir y una
ciudadanía a la que escuchar, y todos pidiéndole lo mismo: un
etiquetado eléctrico estándar" -ha declarado José Luis García
Ortega, responsable de proyectos de la Campaña de Energía de
Greenpeace España-. "Es el Ministerio de Industria quien tiene que
decirle a las eléctricas qué información deben añadir a las
facturas de la luz y cómo presentarla".
Por otro lado, la Comisión Europea ha decidido llevar a España
ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por no
haber traspuesto la Directiva 2003/54/CE, que es la que introduce
el etiquetado eléctrico. El Ministerio estaba preparando un
borrador de Real Decreto con la intención explícita de dar
cumplimiento al mandato de la Directiva relativo al etiquetado
eléctrico. Sin embargo, como quedó señalado en las observaciones
remitidas por Greenpeace durante el paso del borrador por el
Consejo Consultivo de Electricidad, la propuesta del Gobierno no ha
tenido en cuenta las recomendaciones de la Comisión Europea para la
correcta incorporación del etiquetado eléctrico en la legislación
nacional, y por tanto, si no se modifica el decreto, España tendría
que enfrentarse a una condena del Tribunal europeo.
"La Directiva europea y la ley española quieren asegurar que los
consumidores reciban una información veraz sobre el origen de la
electricidad y su impacto ambiental, que les permita comparar entre
lo que les ofrecen las distintas compañías eléctricas" -ha añadido
José Luis García Ortega-. "Ahora Industria tiene un único camino:
cumplir la ley, digan lo que digan las eléctricas".