El Ejecutivo afirma que el objetivo es ahorrar 1.200 hm3 de agua
y para ello se invertirán 2.400 millones de euros. WWF/Adena,
SEO/BirdLife, Greenpeace y Ecologistas en Acción denuncian que el
Real Decreto fomenta que el propio regadío vuelva a consumir el
agua supuestamente 'ahorrada', al tiempo que desprecia la grave
situación que atraviesan los abastecimientos urbanos y los
ecosistemas acuáticos. Por ello, las asociaciones ecologistas piden
la revisión completa del texto legal.
El Real Decreto establece que el agua ahorrada se destinerá al
regadío y, por tanto, permite un mayor consumo de agua en las
explotaciones. Por ello, las organizaciones ecologistas consideran
que el Real Decreto no va a aportar ni un litro de agua a los ríos
y ecosistemas acuáticos, ni a los usuarios urbanos, considerados
prioritarios por encima de los actuales concesionarios agrarios:
los regantes.
Debido a la situación de extrema de sequía, las organizaciones
ecologistas sostienen que el agua ahorrada deberá destinarse, en
primer lugar, a devolver los caudales que se están extrayendo de
más como consecuencia de los decretos de sequía que aprobó el
Gobierno en otoño del año pasado.
El Real Decreto supone, además, una importante inversión
pública, cuando el Gobierno ni siquiera tiene claro el futuro del
regadío en España. El Ejecutivo, antes de aprobar inversiones,
tiene que desarrollar un nuevo Plan Nacional de Regadíos en el que
se introduzcan los recientes cambios establecidos en la política
agraria (desacoplamiento, nuevo reglamento de desarrollo rural,
condicionalidad) y del agua (precio del agua, objetivos ambientales
de la Directiva Marco).
Finalmente, WWF/Adena, SEO/BirdLife, Greenpeace y Ecologistas en
Acción critican que el Real decreto delegue la vigilancia ambiental
a los propios regantes, una responsabilidad que tiene que asumir la
Administración ambiental. Además, las Directivas Europeas establece
que el Gobierno está obligado a realizar una Evaluación Ambiental
Estratégica antes de poner en marcha estas inversiones, cuestión
que el Decreto no contempla. Las organizaciones ecologistas
critican la falta de consulta y análisis por parte del Consejo
Asesor de Medio Ambiente.
Por ello, las organizaciones ecologistas piden que el Real
Decreto se retire y sea revisado con detenimiento por los
Ministerios de Medio Ambiente y Agricultura, teniendo en cuenta la
situación ambiental e hídrica de cada una de las cuencas
hidrográficas. Asimismo, consideran imprescindible que la redacción
del texto se base en un proceso participativo en el que puedan
intervenir todas las organizaciones interesadas, incluidas las
ambientales.