Acción de Greenpeace con sesenta activistas en la central nuclear de Garoña.
Estas organizaciones han lamentado y calificado de incoherentes
las recientes declaraciones de diversos dirigentes del Partido
Popular y de la Junta de Castilla y León, en particular, de su
Presidente, Juan Vicente Herrera, y de su Vicepresidenta y
Consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, acerca de que sería
un error que el Gobierno central y su Presidente, José Luis
Rodríguez Zapatero, cumplieran su programa electoral de abandonar
la energía nuclear y cerrar Garoña, cuyo permiso de explotación
finaliza el próximo día 5 de julio.
"Mª Jesús Ruiz y Juan Vicente Herrera, entre otros, con sus
declaraciones sobre Garoña, han dejado claro que para el Partido
Popular los programas electorales son papel mojado, y que no les
preocupa lo más mínimo incumplir las promesas que hacen a los
ciudadanos durante las campañas electorales", ha declarado Carlos
Bravo, responsable de la campaña de energía de Greenpeace.
La postura del Partido Popular, dentro y fuera de Castilla y
León, en torno a la energía nuclear no puede de calificarse sino de
hipócrita, cuando sus responsables dicen apostar por el
mantenimiento de las centrales nucleares existentes e incluso por
la construcción de nuevas centrales, al tiempo que rechazan
rotundamente que se pueda construir en sus comunidades autónomas un
cementerio nuclear para los residuos radiactivos que producen esas
mismas centrales.
Así pues, tajante fue en 2006 el Presidente de la Junta de
Castilla y León y otros responsables de la misma, tras las
protestas contra el proyecto de Almacén Temporal Centralizado (ATC)
de residuos radiactivos de alta actividad en Peque (Zamora),
rechazando la posibilidad de que el ATC se albergara en Castilla y
León. Diputaciones provinciales como Zamora, León, Burgos, entre
otras, con mayoría del PP, aprobaron mociones rechazando esa
posibilidad. Igualmente lo fue Luis de Grandes (PP de Guadalajara),
el pasado mes de mayo, cuando rechazó contundentemente que
Castilla-La Mancha albergara el ATC al tiempo que lanzaba proclamas
a favor de la energía nuclear, a la que, de forma incoherente,
calificó de no contaminante.
"Los máximos dirigentes de la Junta de Castilla y León parecen
estar más preocupados por salvaguardar los beneficios económicos de
las compañías eléctricas propietarias de Garoña que de buscar la
seguridad de los habitantes de la zona", ha afirmado Agapito
Suárez, Presidente de AVACA.
Suárez ha expresado la preocupación de los vecinos de la zona
por la existencia de altas tasas de incidencia de determinados
tipos de cáncer y otros problemas de salud en el entorno de la
central nuclear de Garoña. "Nos sentimos desamparados y
desprotegidos por parte de la Junta de Castilla y León",
añadió.
La central nuclear de Garoña es una central obsoleta y
peligrosa, cuyo cierre inmediato no afectaría a la garantía de
suministro eléctrico y que está totalmente amortizada desde hace
años. No hay ningún obstáculo económico que impida cerrarla, salvo
los intereses económicos de Nuclenor (50% Iberdrola, 50% Endesa),
que quieren seguir lucrándose con esta vieja central aunque sea a
costa de exponer a la población y al medio ambiente al riesgo de
sufrir un accidente nuclear.
"Con su defensa a ultranza de la continuidad de esta cafetera
nuclear, la Junta de Castilla y León se hace cómplice de la codicia
de Nuclenor, y al tiempo elimina cualquier posibilidad de lograr un
verdadero desarrollo económico más sostenible en la zona dejando
atrás el monocultivo industrial que provoca la propia central
nuclear", Luis Oviedo, portavoz de Ecologistas en Acción de
Castilla y León.
"La decisión que próximamente debe tomar el Gobierno de cerrar
Garoña es trascendental para nosotros: en el Valle de Tobalina nos
jugamos la posibilidad, hasta ahora frustrada, de conseguir un
futuro más sostenible para los municipios del entorno y la de que
el Gobierno apueste por un modelo energético sostenible, basado en
las energías limpias y seguras y libre de la energía nuclear",
añadió Suarez.
El cierre de la planta no perjudicará al empleo porque el
desmantelamiento de una central es un proceso largo y generador de
puestos de trabajo. Además, el sector de las energías renovables
tiene una capacidad de creación de empleo muy superior al sector
nuclear ya que, de todas las formas de producir energía, es la que
crea menos puestos de trabajo.
Estos colectivos pueden asegurar, citando información de la
propia Nuclenor que la central nuclear de Garoña tiene una
plantilla de 323 trabajadores fijos. Ni 600 ni 1.000 como se ha
dicho en otras informaciones. Esas cifras infladas son falsas.
Al igual que es falso el dato de que la industria nuclear genera
en España 30.000 puestos de trabajo. Según datos de un estudio de
Comisiones Obreras de 2006, el sector nuclear contaba en 2005 con
4.124 empleados de los cuales el 52,8% pertenecían a la plantilla
fija de las centrales nucleares. Estas cifras de empleo en las
centrales nucleares aumentaban a 10.930 durante el periodo de
recarga de las centrales, de los cuales el 20% pertenecía a la
plantilla de la central.
Por el contrario, las energías renovables sí son generadoras de
gran cantidad de empleos estables y de calidad. Según datos de
Comisiones Obreras, en un informe de febrero de 2008, en España el
sector de las energías renovables generaba -ya a finales de 2007-
89.000 empleos directos (y 99.681 indirectos). En Alemania, en 2006
el sector de energías renovables dio empleo a 235.000 trabajadores,
un incremento del 50% sobre los dos años anteriores
Actualmente se dan las condiciones para que el Gobierno
socialista y su Presidente sean coherentes y ordenen el cierre
inmediato y definitivo de la central: la escasa contribución
energética de la central nuclear de Garoña está sobradamente
compensada por la aportación de las energías renovables, sin
Garoña, la seguridad del suministro eléctrico seguirá estando
garantizada; su vida útil está agotada; existe además un amplio
consenso social a favor de su cierre.
Por todo ello, estos colectivos consideran que el Gobierno
socialista debe anunciar sin más demora su decisión de cerrar
definitivamente la central nuclear de Garoña el día 5 de julio de
2009, cuando vence su permiso de explotación, dado que no hay
ningún obstáculo energético, técnico ni económico que lo
impida.