Campaña sobre el cambio climático
Las organizaciones ecologistas WWF/Adena, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife reunidos en el Palacio de la Moncloa con el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
las organizaciones ecologistas WWF/Adena, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y SEO/Birdlife, reunidos en el Palacio de la Moncloa con el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
A las 17,30 de hoy, martes 14 de junio, las organizaciones
ecologistas WWF/Adena, Greenpeace, Amigos de la Tierra,
Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife se reúnen en el Palacio de la
Moncloa con el Presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero. Tras
valorar positivamente la recuperación del diálogo con el Gobierno
de la nación, así como la labor del Ministerio de Medio Ambiente
en la derogación del trasvase del Ebro y la puesta en marcha del
Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión del Protocolo de
Kioto o la reforma del Consejo Asesor de Medio Ambiente, le
plantearán las siguientes cuestiones:
Cambio climático y energía
España superó en 2004 en más de un 45% sus emisiones de gases de
efecto invernadero con respecto a 1990. Los datos de 2005 muestran
una tendencia a empeorar. El pasado 16 de febrero, fecha de entrada
en vigor de Kioto, el Presidente se comprometió a la elaboración de
un nuevo Plan de Infraestructuras Energéticas. Las organizaciones
ecologistas demandan que dicho Plan asegure el cumplimiento del
Protocolo de Kioto en España y el cierre progresivo de las
centrales nucleares. Ello exigiría un objetivo de ahorro y
eficiencia energética y un impulso mucho más ambicioso que el
actual al desarrollo de las energías renovables. El gobierno debe
apoyar un objetivo de reducción de emisiones del 30% para el año
2020, con una participación de las energías renovables y la
eficiencia energética del 25%. Asimismo demandan la reforma del
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para hacerlo realmente
transparente.
Transporte y Urbanismo
Las organizaciones plantean su preocupación por los impactos
ambientales del Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte
(PEIT), cuya puesta en marcha impediría el cumplimiento de los
compromisos del Protocolo de Kioto; afectaría gravemente a
numerosos ecosistemas de la Red Natura 2000; y supondría una
profundización en el actual modelo insostenible de transporte.
Solicitan por ello su retirada y una profunda remodelación hacia un
modelo más sostenible.
La política urbanística en nuestro país se produce de manera
desordenada e incluso caótica, causando graves impactos ambientales
y favoreciendo la especulación. Por ello, es necesaria una nueva
Ley del Suelo que promueva una auténtica regulación y ordenación
del territorio.
Transgénicos y tóxicos
España es el único país de la UE en el que se cultivan
variedades manipuladas genéticamente a escala comercial y en
condiciones muy inadecuadas: falta de medidas de prevención para
evitar impactos sobre el medio ambiente, contaminaciones de otros
cultivos y otros efectos negativos para la agricultura; falta de
segregación de las cosechas y de las importaciones transgénicas;
falta de mecanismos de responsabilidad en caso de efectos
negativos. Incluso se cultivan variedades cuya retirada ha sido
recomendada por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Por
ello las organizaciones ecologistas piden la revocación de las
autorizaciones de variedades transgénicas para cultivo; la puesta
en marcha de mecanismos para una separación eficaz de los
productos trangénicos importados del resto de los productos.
Ante la importante negociación del Programa REACH para el
control de la contaminación química en el marco de la Unión
Europea, las organizaciones ecologistas denuncian el papel
obstaculizador que está desarrollando el Ministerio de
Industria.
Océanos, pesca y costas
La pesca en España está en peligro, y también los pescadores
como demuestra el agotamiento y cierre de la pesquería de anchoa en
el Cantábrico. La política pesquera debe girar radicalmente hacia
la sostenibilidad. Debe estar basada en una visión integrada, con
respeto a los ecosistemas naturales, y en datos científicos, no en
los intereses políticos y económicos de cada momento. La política
pesquera debe orientarse hacia la recuperación de los caladeros
nacionales y comunitarios, poniendo en marcha planes de
recuperación para especies en situación crítica; impulsar la
creación de una red de reservas pesqueras y promover activamente
medidas para la preservación de ecosistemas sensibles. Las
organizaciones ecologistas han pedido que los fondos europeos no se
orienten a seguir aumentando la capacidad y la sobrepesca, y se de
un giro hacia la gestión adecuada de los recursos. Piden además
que España lidere en foros internacionales la lucha contra la pesca
ilegal y los métodos de pesca destructivos, como la pesca de
arrastre o las redes de deriva. En especial que en la próxima
reunión de ministros de pesca España se oponga activamente a la
legalización de las redes de deriva en Europa.
La situación en la costa sigue siendo crítica por la presión
urbanística. La situación es especialmente grave en Levante,
Andalucía y Murcia. Las organizaciones ecologistas piden un
esfuerzo urgente para frenar la destrucción del litoral.
Agricultura, Red Natura 2000 y desarrollo rural
Uno de los grandes desafíos españoles es la conservación de la
Red Natura 2000 que comprende más de 12 millones de hectáreas,
aproximadamente el 23% de la superficie española. La adecuada
protección y preservación de esta superficie requiere unos recursos
financieros estimados en 1.300 millones de Euros, de los cuales una
gran parte deberían salir de los presupuestos comunitarios, dado
que España es el país europeo que más aporta a esta Red Natura. Las
organizaciones ecologistas consideran por lo tanto que éste puede
ser un activo muy importante de España en la negociación de las
Perspectivas Financieras de la Unión Europea, sobre todo si se
tiene en cuenta que la Red Natura 2000 puede ser un elemento
fundamental en las futuras estrategias de desarrollo rural. Para
ello, las ONG reclaman del Presidente un alineamiento claro del
Gobierno Español con las recomendaciones aprobadas la semana pasada
por el Parlamento Europeo, en las que se exige un mantenimiento de
los fondos de desarrollo rural y una financiación especial para
Natura 2000 de 21.000 millones de euros.
También reclaman que la política agraria española emprenda un
claro camino hacia la sostenibilidad, promoviendo una auténtica
eco-condicionalidad de las ayudas de la PAC, favoreciendo la
implantación de más superficie cultivada con métodos
agroambientales o ecológicos, y una reducción sustancial del
consumo de agua y agroquímicos.
La administración como consumidor responsable
El consumo está en la base de los principales problemas de medio
ambiente, pero las administraciones pueden movilizar el dinero de
todos los ciudadanos para defenderlo y apoyar buenas prácticas en
lugar de destruirlo. Por ello, los grupos ecologistas han pedido al
Presidente que la administración española impulse una política real
de compra responsable en todos los ámbitos de la contratación
pública.