Tras analizar las exportaciones españolas de armas en el primer semestre de 2005, un año más, Amnistía Internacional, Greenpeace e Intemón-OXFAM comprueban con preocupación que armas españolas son exportadas a países en conflicto, como Colombia, Israel y Estados Unidos, y a otros destinos preocupantes como Marruecos o Venezuela.
Acción en Bélgica en contra de la guerra.
Acción de Greenpeace ante el Ministerio de Comercio.
Explosión controlada de una mina en Pakrac.
Estas ventas, que aparecen en las "Estadísticas españolas de
Exportación de Material de Defensa y Doble Uso" recientemente
enviadas por el Gobierno al Congreso de los Diputados estarían
violando varios criterios del Código de Conducta de la Unión
Europea.
Las ventas de armas a Colombia resultan doblemente preocupantes,
a pesar de no tener un gran valor económico. Además de tratarse de
un país inmerso en un conflicto armado caracterizado por la
sistemática violación de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario, estas ventas ignoran la Proposición No
de Ley sobre la suspensión de la venta de armas a Colombia y el
condicionamiento de la ayuda al desarrollo al respeto de los
derechos humanos, adoptada en el Congreso de los Diputados en junio
de 2004.
Las cifras oficiales también muestran venta de material en el
capítulo de bombas, torpedos, cohetes y misiles a países con
conflictos abiertos o en los que existen serias preocupaciones de
derechos humanos como Indonesia, Kenia y Singapur. Persiste,
además, la venta de material policial y de seguridad a Venezuela,
país con evidentes tensiones internas.
Las organizaciones firmantes muestran su preocupación por estas
ventas y su alarma por la política del Gobierno español. Las
perspectivas de futuras transacciones confirman la falta de
transparencia y control en el comercio de armas españolas. En
concreto, preocupan los casos de Colombia y Venezuela. También
resultan alarmantes las últimas informaciones aparecidas en prensa
sobre la apertura de nuevos mercados en países en situación de
conflicto (Tailandia) o donde hay denuncias continuadas de
violaciones graves de derechos humanos (Libia y Vietnam).
Por otra parte, aunque el Gobierno se comprometió a considerar
la posibilidad de seguir mejorando la información oficial sobre
exportaciones de armas, no se han producido nuevos avances en
materia de trasparencia y no se han tenido en cuenta ninguna de las
recomendaciones que las organizaciones presentaron a las
autoridades en noviembre de 2005, como la incorporación de las
mejores prácticas de otros países del entorno o la inclusión de las
exportaciones autorizadas por el Gobierno para permitir un control
preventivo de las exportaciones.
Además, las estadísticas facilitadas por el Gobierno no recogen
algunos datos que sí quedan recogidos en el registro de Aduanas,
como la exportación de armas ligeras a República Dominicana y
Sudáfrica, y la exportación de munición a Malasia, República
Centroafricana y Venezuela.
Puesto que la transparencia en los datos oficiales sobre
trasferencias de armas es muy mejorable y continúan llegando armas
españolas a destinos equivocados, AI, GP e IO instan al Gobierno a
elaborar con urgencia una Ley sobre Comercio de Armas que garantice
un mejor control y transparencia de las transferencias de material
militar, policial y de seguridad, tal y como ha solicitado el
Congreso de los Diputados el pasado mes de diciembre. La ley
debería incorporar:
- los criterios del Código de Conducta europeo
- un mecanismo preventivo para evitar las transferencias de armas
a destinos sensibles
- garantías de transparencia en la información que da el Gobierno
con especificaciones sobre el grado de detalle con el que deben
facilitarse al Congreso las estadísticas oficiales.
La pronta elaboración de esa Ley sería coherente con el
compromiso internacional expresado por el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero a favor de realizar controles más estrictos del
comercio mundial de armas. Las ONG pedirán al ministro de Defensa,
José Bono, que comparezca ante los diputados para explicar la
política de transferencias de armamento que está llevando a cabo el
Ejecutivo, y las autorizaciones de ventas de armas que no cumplen
el Código de Conducta.