Comunicado de prensa - febrero 26, 2007
Greenpeace valora como un serio varapalo al Gobierno la decisión de la Comisión Europea sobre el Plan Nacional de Asignación español, que da la razón a la denuncia planteada el pasado viernes, 16 de febrero, por Greenpeace y otras 27 organizaciones ecologistas y de desarrollo contra el PNA español.
El Gobierno deberá limitar drásticamente el uso que las
industrias energéticas podrán hacer de los mecanismos de
flexibilidad de Kioto, de forma que, de la contaminación total
máxima que podrán producir, sólo podrán compensar por estos
mecanismos un 20%, frente al 70% que les había concedido el
Gobierno español.
"Este Gobierno prefiere subvencionar las emisiones de CO2 de las
empresas eléctricas y teme primar a las energías renovables" ha
declarado Raquel Montón, responsable de la campaña de cambio
climático de Greenpeace. "La Comisión Europea le recuerda al
Gobierno que las industrias deben reducir sus emisiones y no abusar
del Mecanismo de Desarrollo Limpio".
La Comisión Europea ha decidido que el Gobierno español debe
modificar el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión
para el periodo 2008-2012 (PNA2) en cuatro importantes
aspectos.
- Reducir la cantidad total de derechos de emisión en 420.000
toneladas equivalentes de CO2 al año.
- La exigencia de informar sobre los futuros proyectos de
instalaciones industriales incluidos en la Directiva de Comercio de
Emisiones en España.
- Facilitar una lista completa de estas instalaciones.
- Reducir la cantidad máxima de derechos de emisión que las
instalaciones pueden conseguir a través del Mecanismo de Desarrollo
Limpio (MDL) y de Aplicación Conjunta (AC). En el borrador del PNA2
previo se permitía hasta un 70% para las instalaciones de
producción de energía, y la UE sólo les permite un 20%.
La Comisión Europea también considera, en su decisión, que la
asignación de derechos de emisión de forma gratuita va en beneficio
de determinadas actividades, y esto supone una ventaja económica
que podría afectar a las condiciones de compencia en el mercado
comunitario. Por ello la Comisión pone en duda que la ayuda
concedida con arreglo al Plan Nacional de Asignación sea compatible
y necesaria para la consecución del objetivo medioambiental global
de la Directiva de comercio de emisiones tal y como viene
explicando Greenpeace. La Comisión también recuerda que el uso de
carbón produce más emisiones que el uso de gas, por ello, un trato
de favor otorgado al carbón y no descarta que esto sea
indebido.