"Juego peligroso" un niño de Laos juega en la llanura donde las fuerzas de desminado de Naciones Unidas han estado trabajando en la zona. Phon Savann. Laos. 1996.
Greenpeace y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
quieren denunciar los inaceptables efectos de las bombas de racimo
sobre la población civil de zonas de conflicto. Y lo hacen a través
del testimonio de sus víctimas, con las que trabaja Kike Figaredo,
obispo español que lleva más de 20 años en Camboya, trabajando
especialmente con supervivientes de las bombas de racimo y las
minas antipersonales. Figaredo ha viajado a Madrid acompañado de
cuatro niños que han sido víctimas de este tipo de armamento. El
objetivo es reclamar al Gobierno español un respaldo sin fisuras al
Tratado Internacional y la prohibición en el ámbito nacional.
Las bombas de racimo son un armamento especialmente letal para
las poblaciones civiles en zonas de conflicto. Al contener en su
interior decenas o cientos de submuniciones que se dispersan cuando
la bomba se abre en el aire, afectan a grandes extensiones de
territorio sin distinguir entre blancos civiles y militares. Por
eso en ocasiones se las llama "la lluvia de acero". Distintos
estudios han mostrado que un 98% de sus víctimas son civiles.
Pero no sólo afectan a la población durante los bombardeos, sino
mucho tiempo después de que el conflicto haya terminado. Entre un
5% y un 30% de esas submuniciones no estallan, y quedan esparcidas
en las carreteras, los campos de cultivo, las aldeas y núcleos
urbanos, actuando como minas antipersonales durante largos años y
dificultando el desarrollo y la recuperación socioeconómica.
Camboya es un claro ejemplo de esto. Los bombardeos de EE UU con
bombas de racimo se realizaron entre 1969 y 1973, y aún hoy sigue
habiendo muertos y mutilados como consecuencia de los restos
explosivos que no detonaron.
De esta realidad ha sido testigo Kike Figaredo. Acompañado de
cuatro niños camboyanos víctimas de las bombas de racimo y de las
minas, está en Madrid para ofrecer el testimonio de este horror
cotidiano. Ver con sus propios ojos, día a día, el impacto
devastador de las bombas de racimo y de las minas antipers sobre la
vida diaria de las personas, le llevó a poner en marcha varios
proyectos de rehabilitación y reintegración social para personas
que resultan víctimas y mutiladas como consecuencia de estas armas.
Su trabajo le ha valido múltiples galardones por su defensa de los
derechos humanos y su trabajo por la dignidad y la recuperación de
estas poblaciones afectadas por las bombas.
"Lo que quiero contar es que, más allá de las cifras, lo que
resulta afectado es la vida diaria de numerosas personas. Y que los
Gobiernos occidentales, entre ellos el español, no pueden cerrar
los ojos a esta realidad y seguir vendiendo armas como si el
resultado final no fuera con ellos. No se puede seguir haciendo
negocio con la vida de los inocentes", ha declarado Kike
figaredo.
Entre el 5 y el 7 de diciembre tendrá lugar en Viena una nueva
reunión del llamado proceso de Oslo, que trata de lograr un Tratado
Internacional de prohibición de las bombas de racimo. Más de 80
países, entre ellos España, participarán en este encuentro. Desde
Greenpeace y CEAR se exige al Gobierno español un compromiso serio
con un tratado que no tenga excepciones: "A pesar de quienes
afirman lo contrario, no hay bombas de racimo seguras o inocuas. En
todos los casos, es la población civil quien sufre sus efectos.
Muchos de ellos terminan siendo refugiados o desplazados, y los
restos de estas armas son uno de los principales motivos de que no
puedan regresar a sus casas", asegura Amaya Valcárcel, Secretaria
General de CEAR.
España es uno de los países en los que se fabrican bombas de
racimo. Está confirmado que al menos dos empresas (Expal e
Instalaza) así lo hacen, aunque la falta de transparencia hace
imposible saber dónde las venden. El ejército español también se
cuenta entre aquellos que tienen un arsenal de este tipo de
armamento.
"Pedimos al Gobierno español que demuestre su compromiso con la
paz adoptando medidas en el ámbito nacional, como la prohibición de
que se fabriquen, vendan y almacenen bombas de racimo en España",
ha declarado Juan López de Uralde, director de Greenpeace.