Destrucción a toda costa, 2008. Playa de las Américas, Tenerife Sur, Islas Canarias.
Andalucía, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia,
Canarias, Ceuta y Melilla, comparten este año el primer puesto de
un hipotético podio como las regiones litorales que más han
maltratado a su costa. El segundo lugar lo ocupan Cataluña, Islas
Baleares y Galicia que continúan acosando a su medio natural con el
ladrillo y la contaminación. Euskadi, Cantabria y Asturias les
siguen muy de cerca, imitando en el norte el modelo devastador del
Mediterráneo.
La organización ecologista ha analizado en cada una de las
regiones el estado de conservación de sus costas:
Andalucía, con 817 kilómetros de litoral, posee 18 puntos
negros. Destacan dos de los lugares más contaminados de la
península ibérica: el polo químico de Huelva y la bahía de
Algeciras.
Asturias, con 345 kilómetros de costa y 6 puntos negros, está
sufriendo una presión urbanística sin precedentes. Tan sólo en la
franja oriental se tiene previsto la construcción de más de 30.000
viviendas.
En Cantabria se analizan 5 puntos negros en 284 kilómetros de
costa. En esta provincia, aproximadamente el 50% de los estuarios
han sido modificados por la acción humana.
Con 10 puntos negros, casi la mitad de la costa de Cataluña (700
kilómetros) se encuentra ya urbanizada. A esta costa enladrillada
se le suman en 2008 la proyección de 6.000 nuevos amarres
deportivos.
Ceuta y Melilla, poseen respectivamente un punto negro. Ambas
presentan un elevado índice de ocupación de su territorio, (35,4%
en Ceuta y 53,3% en Melilla).
Para la Comunidad Valenciana, con 518 kilómetros de costa, los
grandes desarrollos turísticos (especialmente Marina d'Or Golf y el
Manhattan de Cullera), el aumento de puertos deportivos y el
problema de la contaminación se reflejan en 11 puntos negros.
Euskadi cuenta con 5 puntos negros repartidos en 246 kilómetros
de costa, destacando los problemas de contaminación. Las cifras
hablan por sí solas: el 33% de las industrias metalúrgicas más
contaminantes se encuentran en esta región.
Galicia, con 1.498 kilómetros de costa y 19 puntos negros,
plantea triplicar su oferta de amarres para embarcaciones en los
próximos años y desfigurar su costa con granjas de acuicultura. La
contaminación de sus rías es uno de los aspectos más negativos.
Con 1.428 kilómetros de litoral, Baleares acumula el 12% de la
oferta total de amarres del Mediterráneo. Greenpeace ha
seleccionado 7 puntos negros.
Canarias, con 1.583 kilómetros de costa y 10 puntos negros ha
visto florecer en los últimos años los casos de corrupción, con 118
personas implicadas en irregularidades urbanísticas.
En los 274 kilómetros de costa de la Región de Murcia se
analizan 7 puntos negros en una comunidad autónoma en la que desde
1987 la construcción ha aumentado un 200% y se desprotegen espacios
naturales para construir complejos turísticos como Marina de
Cope.
Greenpeace considera que es el momento de cerrar la puerta a la
sinrazón urbanística vivida en los últimos años. La importante
crisis económica debería llevar a los gobernantes a tomar medidas
contundentes. Factores como el descenso de la inversión extranjera,
sobre todo la británica (donde ya no desgrava comprar una segunda
residencia) o la aparición de nuevos destinos turísticos en el
Mediterráneo, se han traducido en un acusado declive de ventas de
casas en la playa de hasta un 70% como es el caso de Alicante.
Las administraciones son, o deberían ser, conscientes de esta
realidad pero no hacen nada por remediarla, o cuando lo intentan ya
es demasiado tarde. Durante 2008, se ha seguido sin poner freno
real a las mayores amenazas de nuestro litoral.
El mayor problema de nuestras costas sigue siendo el urbanismo.
Muchos ayuntamientos han puesto todo su afán en convertir en suelo
urbanizable el mayor porcentaje posible de su territorio -incluidos
espacios naturales protegidos- para llenar sus arcas sin
preocuparse por construir ciudades habitables.
Los 67 casos de corrupción urbanística en los tribunales, con
527 implicados, de los que 180 son cargos públicos, contabilizados
durante 2008, ponen de manifiesto la enorme extensión y gravedad de
la falta de transparencia y buena gestión llevada a cabo por los
responsables.
La demagogia que rodea a las infraestructuras involucra a todas
las administraciones. Como ejemplo, los puertos deportivos, ya que
no existe ni una sola región que piense limitar el número de
amarres. Tan sólo en 2008 se plantean 137 ampliaciones o nuevos
puertos deportivos e industriales.
En algunos puntos de la costa, los elevados niveles de
contaminación alcanzan cotas alarmantes: los polos químicos de
Huelva y Tarragona o el estado de las rías gallegas deben ser
solucionados sin dilación.
Mientras el desarrollo en la franja litoral siga parámetros
insostenibles, jamás habrá agua para abastecer a visitantes y
residentes. Se sigue permitiendo regar campos de golf con agua sin
reciclar y las confederaciones hidrográficas consienten que se
continúe robando agua.
El cambio climático está ya afectando a nuestro litoral con la
aparición de numerosas especies marinas propias de los trópicos. La
subida del nivel del mar provocará un retroceso de la línea de
costa tanto en el Atlántico (con una subida estimada en 35
centímetros) como en el Mediterráneo (donde la elevación se estima
entre 20 y 50 centímetros para 2050).
El modelo de desarrollo económico basado en la construcción
ilimitada a costa de los recursos y patrimonio natural de todos
está, a la vista de los datos económicos, muy en entredicho.
Greenpeace aboga por la urgente puesta en marcha de las siguientes
medidas:
Finalización de la expansión ilimitada del urbanismo. Proteger
la primera franja de 500 metros de la urbanización.
Aplicación de la Ley de Costas, terminar la delimitación del
dominio público, eliminar las construcciones ilegales en el litoral
y conservar los espacios costeros.
Puesta en marcha de la Estrategia para la Sostenibilidad de la
Costa en estrecha colaboración con las comunidades autónomas y los
agentes sociales implicados.
Acabar con los vertidos industriales y urbanos que están dañando
la calidad de las aguas y los espacios costeros. Fortalecimiento de
los planes para luchar contra la contaminación por vertidos y
accidentes marítimos.
Creación de reservas litorales y marinas que permitan conservar
amplios tramos y aseguren la recuperación de especies, muchas de
las cuales tienen un elevado valor comercial.
La incógnita en este año es saber cuál va a ser la política de
costas del nuevo Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino. Greenpeace insta al nuevo Ministerio a que comience su
andadura derribando el hotel construido ilegalmente en El
Algarrobico (Almería), convertido en símbolo de la degradación
costera de este país.
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