Elegir Electricidad Limpia
Tarifas progresivas para promover la eficiencia
Aunque el sistema de tarifas propuesto por el Gobierno incluye
cierto grado de progresividad, ya que la subida de tarifas es
proporcionalmente mayor para los consumidores de mayor potencia
contratada, Greenpeace pide que las tarifas se gradúen en función
de la energía realmente consumida, de forma que sean
proporcionalmente mayores para quienes más energía gastan, pues una
cosa es la potencia contratada y otra distinta el consumo real de
energía.
"Hay que penalizar los derroches, ya que la generación de
electricidad es la mayor fuente de emisión de CO2. Es injusto que
paguen lo mismo por un kilovatio-hora quienes hacen un uso moderado
y eficiente de la electricidad que quienes la malgastan", ha
declarado José Luis García Ortega, responsable de la campaña de
Cambio Climático y Energía de Greenpeace España.
Aunque las tarifas incluyen un recargo cuando el consumo supere
los 500 kWh mensuales (pero sólo hasta 15 kW contratados),
Greenpeace propone establecer recargos crecientes en tramos de 100
kWh mensuales para todas las tarifas. La problemática social que
pueda darse con aquellos suministros que superen esos niveles pero
que correspondan a un número alto de personas por contrato, deben
resolverse a través del IRPF, no mediante una subvención en la
tarifa eléctrica. Además, la propuesta del Gobierno no incentiva el
ahorro energético, ya que establece las mismas tarifas (mismo
término de potencia y mismo término de energía) para todos los
consumidores domésticos (a excepción de la "Tarifa social" o los de
menos de 1 kW contratado), y lo mismo hace con todas las PYMEs
entre sí, y además baja el término de potencia a las PYMEs con más
potencia contratada.
Acabar con el déficit tarifario sin chantajes
El problema más grave de las tarifas actuales no es la subida
(que equivale a poco más de un euro al mes para el consumidor
doméstico medio y poco más de cuatro euros para el total de
consumidores en baja tensión), es el insostenible déficit
tarifario, una bola de nieve que no para de crecer. El déficit
proviene de una política absurda de fijar las tarifas eléctricas
por debajo del coste de la electricidad en el mercado. Esta medida,
aunque parezca beneficiar a los consumidores, realmente les
perjudica de forma grave, porque:
- Los consumidores acumulan una deuda cada vez mayor, y quedan
obligados a pagar, con intereses, el déficit de cada año durante
los 15 años siguientes. En las tarifas de 2009 se destinarán
1.689.624.000 € a pagar déficit de años anteriores.
- Los consumidores, engañados por unos precios políticos de la
electricidad más bajos de lo que son realmente, gastan más energía
de la que gastarían si supiesen el verdadero coste. Esa energía
vendida de más sólo beneficia a las compañías eléctricas (que
acabarán cobrando aunque sea más tarde) y a los bancos que
eventualmente compren la deuda. Con este sistema se encubre y
favorece el derroche de energía.
- Los consumidores se ven privados de ejercer su derecho a
elegir suministrador (y por tanto no pueden elegir el origen de la
electricidad que compran), ya que ningún comercializador puede
competir con los precios políticos de las tarifas (no pueden
comprar energía cara en el mercado para venderla barata a los
consumidores).
Según cálculos de la CNE, para que no se produjese más déficit
las tarifas deberían subir alrededor de un 30%, pero como ningún
gobierno se atreve a aplicar esa subida de golpe para nivelar el
error acumulado por los gobiernos anteriores, Greenpeace exige una
solución negociada y transparente entre todos los miembros
representados en el Consejo Consultivo de Electricidad para acabar
cuanto antes con el déficit. Lo que hace falta es una estrategia
clara que marque los plazos y la senda a seguir.
Greenpeace se opone rotundamente a falsas "soluciones" al
déficit de tarifa, como la pretensión de sacar de la tarifa y
llevar a los presupuestos generales del Estado las primas a las
renovables y la cogeneración, o el posible alargamiento de vida de
las nucleares como moneda de cambio pactada a escondidas entre el
Ministerio y las eléctricas. El déficit no ha sido producido por
las tecnologías renovables y la razón por la que reciben primas es
que sustituyen a otras tecnologías sucias de alto coste ambiental,
por lo que es lógico que sean los consumidores de electricidad los
que paguen lo que cuesta producirla, no los contribuyentes.
Greenpeace considera un engaño a los ciudadanos, además de ilegal,
el que el Ministerio de Industria pretenda utilizar el alargamiento
de vida de las centrales nucleares como moneda de cambio en las
negociaciones que mantiene con las eléctricas para buscar una
solución al déficit de tarifa, lo que supondría de facto un
incumplimiento del compromiso del Gobierno socialista de cerrar las
centrales nucleares.
Para aliviar el coste total de la electricidad, Greenpeace pide
eliminar de las tarifas de 2009 todas las subvenciones a las
energías sucias, como: los 93 millones de euros de primas al carbón
nacional; los 71 millones de euros para la gestión de residuos
radiactivos; los 65 millones de euros de la central térmica de
Elcogas; o los 3 millones de euros por la antigua moratoria
nuclear.
Respecto a la partida destinada a planes para realizar la
limpieza de la vegetación de los márgenes por donde discurren las
líneas eléctricas de distribución, Greenpeace propone que para
cobrar ese dinero se exija que la vegetación retirada se aproveche
energéticamente como biomasa.
En cuanto a la capacidad de intercambio comercial de las
interconexiones con Francia y Portugal, Greenpeace propone que se
dé prioridad a la electricidad procedente de fuentes
renovables.
NOTA: (1) El Consejo Consultivo de Electricidad es un órgano
consultivo de la Comisión Nacional de Energía, en el que Greenpeace
representa a las organizaciones de defensa del medio ambiente. La
Comisión tiene que emitir un informe preceptivo antes de que el
Gobierno pueda aprobar las tarifas, y para ello es también
preceptivo que oiga la opinión del Consejo Consultivo.