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Greenpeace exigirá hoy al Ministerio el cierre de los pozos ilegales

El borrador se centra en la explotación e hipoteca nuestras reservas de agua

Comunicado de prensa - febrero 7, 2006
Greenpeace presentará hoy sus objeciones al borrador para la modificación del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) en materia de aguas subterráneas en la reunión que se celebrará esta tarde entre asociaciones ecologistas y la Dirección General de Agua. Aunque el Ministerio de Medio Ambiente confirmó a Greenpeace, en una reunión anterior, que no tenía intención de legalizar extracciones ilegales de agua subterránea, sus últimas decisiones de cesar al Presidente y al Comisario de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, confederación que estaba cerrando pozos ilegales, y el texto del borrador nos hacen pensar en lo contrario.

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Greenpeace lleva años pidiendo el cierre de los más de 500.000 pozos ilegales que hay en España, ya que son causa directa de la crisis que sufren los ríos de nuestras cuencas. La sobreexplotación de los acuíferos ha provocado ya el descenso generalizado de los niveles piezométricos y freáticos, ha desecado valiosos manantiales y humedales, ha hecho desaparecer formas de vida asociadas a la emergencia de aguas y ha provocado la salinización de muchos acuíferos costeros.

Por eso, Greenpeace va a la reunión con varios puntos innegociables:

  • Es imprescindible no sólo eliminar del borrador la disposición adicional cuarta referente a la regularización de aprovechamientos de aguas subterráneas, sino que se cumpla la ley (la actual Ley de Aguas contempla el cierre de los pozos ilegales). Su actual redacción abre las puertas a una regularización total de las extracciones ilegales, que la propia Administración cifra en más de 500.000. La explotación de estos pozos ha esquilmado nuestras reservas subterráneas, amenaza ya el abastecimiento urbano en varios puntos de Murcia, Castilla-La Mancha, Valencia y Andalucía y pone en peligro el futuro del agua.
  • Es necesario que el texto se ajuste a los objetivos de la Directiva Marco del Agua (DMA). La DMA es una ley orientada a la gestión, al cuidado de la calidad del agua, a la vigilancia medioambiental y a la transparencia de costes en los usos del agua. Para Greenpeace el texto presentado no tiene suficientemente en cuenta aspectos relativos a la buena calidad química de las aguas subterráneas. Cuando sólo el 16% de nuestras aguas subterráneas están en buen estado, el texto olvida el objetivo último de la DMA: mantener el buen estado químico de las aguas, es decir, asegurar el agua para futuras generaciones. Un ejemplo de cómo se antepone la explotación privada a la conservación del agua es que los términos "explotación y aprovechamiento" aparecen 12 y 19 veces, mientras que "calidad y conservación" sólo se citan 3 y 2 veces, respectivamente.
  • Hay que modificar el artículo 75 para que prevalezca y se priorice el mantenimiento de los caudales ecológicos frente a los derechos de usos preexistentes de usuarios. La Administración debe velar por la calidad y la capacidad de recarga de los acuíferos, pues son nuestras reservas de agua para el futuro. Los derechos de explotación no pueden anteponerse a la supervivencia del agua subterránea. De lo contrario, no podremos acabar con problemas tan importantes como la desaparición de caudales en kilómetros de cauces (caso de los ríos Júcar, Segura o Guadiana), la desecación de cientos de humedales (Parque Nacional Tablas de Daimiel) y, sobre todo, pondremos en peligro los ecosistemas acuáticos que son los que aseguran la salud de nuestras aguas continentales.
  • Las comunidades de regantes tienen que estar controladas siempre por la Administración. El texto da a los regantes la capacidad de emitir informes sobre el control de la calidad y la cantidad de agua, una tarea que corresponde al Estado. Por eso es necesario modificar el Artículo 87 bis.

El texto presentado como borrador ha creado un gran malestar entre los colectivos de agricultores afectados por extracciones ilegales, organizaciones ecologistas y de consumidores y entre los propios funcionarios de las confederaciones dedicados a expedientar el robo de agua, que ven así su trabajo totalmente desautorizado.

"El Ministerio de Medio Ambiente, hasta ahora, nos ha dicho que están abiertos a la negociación. Esperamos que hoy mantengan los compromisos adquiridos con Greenpeace como el de no dar amnistía a los pozos ilegales. Vamos a la reunión con una propuesta clara de modificación del borrador", ha declarado Julio Barea, responsable de la campaña de Aguas de Greenpeace.

La reunión del grupo de Aguas del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) se celebrará hoy a las 17:30 en el Ministerio de Medio Ambiente.

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